La peor de las excusas de los políticos cuando hablan de seguridad es la de “se matan entre ellos”, excusa que normalmente viene acompañada con un análisis de los estados o municipios con mayor incidencia de homicidios para de ahí concluir que se trata de un fenómeno aislado, focalizado, que no debe preocupar a los ciudadanos. Lo he oído desde hace al menos 20 años, a gobiernos del PRI, PAN, PRD y ahora de Morena y MC. El problema de este argumento no es sólo que busca evadir la responsabilidad del Gobierno sobre el número de homicidios, sino que invariablemente llegan casos como el de la familia LeBarón en Chihuahua, que no sólo destrozan el argumento sino la credibilidad misma de los gobiernos.Las víctimas de Chihuahua no podían ser más inocentes: seis niños y tres mujeres. Para efectos prácticos da igual si se trata de una confusión o de un atentado directo, la impunidad es exactamente la misma. Y ese es justamente el problema del discurso de “se matan entre ellos”, que si lo hacen es porque tienen la absoluta certeza de la incapacidad del Estado no para impedirlo, sino para investigarlo y castigarlo.De los más de 30 mil homicidios que hemos tenido este año (poco más de dos mil de ellos en Jalisco), menos de 1% termina siendo judicializado. Esa es la omisión y, por lo mismo, la responsabilidad del Estado en un caso como el de Chihuahua. Es cierto, el Gobierno no puede estar ahí, detrás de cada persona, evitando que un ciudadano cometa un delito. A lo que sí está obligado es a investigar y a perseguir cada uno de ellos para evitar, en lo posible, que el asesino de hoy repita mañana, y pasado, y dentro de 10 días.Es momento de cambiar la estrategia de seguridad y con ella también el discurso. La criminalidad no es un problema de moralidad pública; no es un problema que se resuelva con programas sociales, aunque estos a la larga ayuden a disminuir los incentivos para pasar al bando del crimen. La criminalidad es, sobre todo, un problema de instituciones y debilidad del Estado y esto se resuelve con un trabajo sistemático, complejo, que implica a los tres poderes y a los tres niveles de Gobierno, y que es necesariamente de largo plazo.El Gobierno federal tiene que comenzar por reconocer que su estrategia, si todavía queremos llamarla así, es incompleta, obtusa y voluntarista. Que, aunque el Gobierno y el Presidente detesten a “eso que llaman sociedad civil”, es ahí donde está el conocimiento y la posibilidad de una política pública más allá de partidos y sexenios, y que los que se hizo en el pasado, por esos gobiernos tan criticados y vapuleados, vale mucho simplemente porque hay una experiencia qué contar para, al menos, no cometer los mismos errores.Por las mujeres y los niños de Chihuahua digamos adiós de una vez y para siempre a esa forma de negación de la realidad que se esconde detrás del “se matan entre ellos”.(diego.petersen@informador.com.mx)
