Tal vez de todos los grandes capos que pasaron por las celdas del recién cerrado Centro Federal de Readaptación Social número 2, Joaquín “El Chapo” Guzmán será el más recordado por su fuga el 19 de febrero de 2001, que puso en entredicho la efectividad de las entonces llamadas cárceles de alta seguridad cuyas celdas las abría de par en par la corrupción. Tras ese escape, en los inicios del sexenio de Vicente Fox, a la cárcel federal de Puente Grande se le quedó el mote de “puerta grande”.La anécdota viene a cuento porque el cierre definitivo del Cefereso número 2 anunciado esta semana es un buen ejemplo del fracaso y la urgencia de la recuperación y la dignificación del sistema carcelario mexicano, como lo prometió el gobierno de la autollamada cuarta transformación, sin que hasta ahora se advierta una política clara más allá de estos cierres penitenciarios. En el Plan Nacional de Paz y Seguridad, cuya apuesta central fue la creación de la Guardia Nacional, que está lejos de dar los resultados esperados para pacificar el país y disminuir los índices delictivos, se contempla en uno de sus apartados justamente la recuperación del control de las cárceles, muchas de las cuales están en manos de autogobiernos delincuenciales.Por años, y la historia del Cefereso de Puente Grande es el más reciente ejemplo, los gobiernos evadieron enfrentar los problemas de los sistemas penitenciarios, que aunque aparecen en teoría como el último eslabón de los sistemas de justicia, son en realidad los espacios por donde pasa la seguridad de las ciudades. No recuperar el control de las prisiones seguirá representando una fuente inagotable de recursos para el hampa, que sirven luego para corromper custodios, jueces, policías y para el reclutamiento de sicarios.En más de una ocasión, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha reconocido esta crisis y la necesidad de atenderla para combatir la escalada de violencia que azota al país, sin que hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya implementado acciones contundentes para hacerlo.El cierre del penal federal de Puente Grande debe obligar al gobierno federal a explicar los motivos de este abandono y plantear qué estrategia tiene en la materia y cómo hará para que las autoridades estatales y municipales hagan lo propio para terminar con los autogobiernos delincuenciales y combatir los altos niveles de sobrepoblación que presentan la mayoría de las cárceles del país, como sucede en Jalisco.Insisto, las Encuestas Nacionales de Población Privada de la Libertad (ENPOL) que desde el 2017 realiza el Inegi pueden arrojar mucha luz de lo que se debe hacer para que las autoridades recuperen el control de las prisiones mexicanas y no existan más cárceles “puertas grandes”.jbarrerar@gmail.com
