Como lo comentaba ayer, el 29 de junio de 2018 la sustentante María Guadalupe Sánchez González acudió a presentar su examen en busca del Fiat que le permitiera ejercer como notaria pública. Recibió en un salón del Colegio de Notarios un sobre cerrado que contenía dos juegos de hojas. Uno contenía las 50 preguntas de opción múltiple y el segundo las 50 preguntas abiertas, mismas que debían ser contestadas en hojas en blanco, que ahí mismo les fueron entregadas.A las y los sustentantes, los notarios integrantes del Jurado, Jorge Arturo Vázquez Ortiz, Felipe Vázquez Martín y Adalberto Ortega Solís les pidieron anotar nombre y enumerar cada una de las hojas, así como firmar al final de la prueba para que quedara debidamente engrapada.Para responder las 50 preguntas abiertas, Lupita necesitó varias cuartillas que entregó firmadas y numeradas. Como lo narré ayer aquí, al no estar conforme con el 60 de calificación, tramitó un amparo para poder tener la revisión de examen y así descubrió que estaba mutilado. Le habían arrancado siete hojas que contenían más de la mitad de las respuestas, 27 para ser exactos.Luego de cinco años de litigios, la justicia federal mandató al Colegio de Notarios que le apliquen a la sustentante quejosa esas 27 preguntas faltantes, pese a que otros juzgadores proponían dar por exentado el examen y otorgarle el Fiat, por el atropello en su contra que había descubierto. Aunque eso no se logró, lo mínimo que merece Lupita por haber demostrado toda la discrecionalidad y el tráfico de influencias que ya era un secreto a voces en la asignación de notarías, es que este nuevo examen sea abierto tanto en su aplicación como en su revisión. Y si el Colegio de Notarios quiere empezar a corregir, lo mismo debería hacer con la aplicación de los exámenes para las convocatorias emitidas el 15 de junio pasado, cuando estarán en juego Fiat para notarías de más de casi una veintena de municipios del interior del Estado. Pero desde luego también, independientemente de que se denuncie penalmente a los implicados, el mismo Colegio debería abrir una investigación interna para deslindar las responsabilidades de los que ordenaron la mutilación de este examen.Las irregularidades en el caso de los exámenes y los repartos previos entre familiares y recomendados de los gobiernos en turno, pero también otros casos de corrupción que se han conocido en distintas notarías que se han prestado para fraudes que han acabado con patrimonios reviviendo muertos, autorizando escrituras falsas, dando por buenas firmas inexistentes entre otras irregularidades, obligan también al Congreso a contemplar seriamente una reforma a la Ley del Notariado.No puede haber fedatarios públicos confiables mientras no se acabe con la impunidad notarial.jbarrera4r@gmail.com
