“¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su mandato?”.Así, como se lee el texto anterior, se discutió ayer lunes 16 de agosto entre miembros de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la república, la pregunta que tentativamente se planteará a los mexicanos en marzo de 2022 en el llamado ejercicio democrático de revocación de mandato.La mayoría con la que cuentan los legisladores de Morena y sus aliados ha permitido el avance del dictamen que defienden tozudamente, para la creación de una “ley de revocación de mandato” y para el establecimiento de condiciones que permitan realizar este ejercicio el año próximo.Por cierto, los morenistas y sus aliados plantean que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá instalar el mismo número de casillas que hubo en la elección federal de junio 2021, es decir 162 mil 248, en todo el territorio nacional.Si la consulta popular que, supuestamente, convocó a los mexicanos a votar por enjuiciar o no a los expresidente del país, le costó 528 millones de pesos al INE, es fácil calcular que esta cantidad se triplicará cuando menos, para la supuesta revocación.Y no es sólo el uso de recursos públicos lo que puede cuestionarse; también está implicada la naturaleza de este ejercicio.Y remito a antecedentes:El presidente López Obrador ha mantenido un nivel de aprobación superior al 60% durante todo el ejercicio de su gobierno. Eso no cambiará para el mes de marzo de 2022, pues ya resistió el juicio público a pesar del mal manejo de la pandemia, el retraso en la aplicación de vacunas, la crisis económica que ha aumentado el número de pobres y la creciente ola de violencia que sólo ha crecido desde que inició su gobierno.¿Cuál será el resultado de la revocación que no es tal? Fácil: la aprobación mayoritaria para el presidente.¿Por qué entonces hacer este ejercicio? ¿Necesita mayor legitimidad? ¿Es un impulso para sus candidatos en 2024?O con más malicia: ¿Para sondear la posibilidad de aumentar el período de su mandato o incluso revisar una reforma que establezca la reelección? Parece poco probable; el presidente lo ha negado reiteradamente. Pero en este conflictuado país todo es posible.Además, la naturaleza misma de una revocación de mandato está desvirtuada de origen, porque no es el poder establecido el que debe plantearla, sino la ciudadanía. En otras palabras, son los ciudadanos los que, inconformes por razones justificadas legalmente, deben reunir la cantidad requerida de firmas para solicitar luego al Poder Legislativo que aplique la revocación. En el actual proceso se está aplicando la figura precisamente al revés, y además, con tendencia a ignorar el marco legal. De hecho, el presidente ya anunció que con leyes o sin ellas, la votación se aplicará porque es un compromiso de su parte con los ciudadanos.Eso, hay que subrayarlo, no es la aplicación de la democracia, sino el uso de las instituciones y las leyes para un fin particular.jonasn80@gmail.com / @JonasJAL
