Indolencia y omisión: ese es el cáncer de la desaparición de personas. Esa es la realidad a la que se enfrentan miles de familias que buscan a sus seres queridos y que, en medio del dolor y la desesperación, se topan con burocracia, malas caras e indiferencia del otro lado del escritorio.Esta omisión de las autoridades mexicanas es un problema grave y persistente que ha generado una profunda preocupación a nivel nacional e internacional. Hace sólo un mes, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada lamentó el atentado con explosivos que ocurrió en Tlajomulco y que dejó a seis personas fallecidas.El llamado de atención que se hizo fue porque el ataque ocurrió cuando familiares y autoridades iban a comenzar un operativo de búsqueda.Y exactamente un mes después, el 11 de agosto, los ojos de México y el mundo se posan de nuevo en Jalisco ante un nuevo hecho atroz: la desaparición de cinco jóvenes que asistieron a la feria de Lagos de Moreno: uno de los 12 “Pueblos Mágicos” que tiene la Entidad.Las autoridades respondieron como de costumbre: el municipio no puede, al Estado no le compete porque hay delincuencia organizada involucrada y la Federación va a esperar a ver si la Fiscalía General de la República (FGR) se decide o no para atraer el caso.Estos hechos demuestran la falta de respuesta efectiva para prevenir, investigar y resolver casos de desapariciones forzadas o involuntarias, así como para sancionar a los responsables y brindar justicia a las víctimas y sus familias.Las herramientas que habilitó el Estado Mexicano: la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, han quedado ampliamente rebasadas ante una realidad que, en ciertos lugares del mundo, sólo estaría ligada a creaciones literarias o de un guión para el cine.Aquí, el sello de la casa es impunidad y falta de rendición de cuentas. Los casos se investigan hasta que hay presión mediática o de redes sociales y, cuando eso ocurre, rara vez los responsables encaran la justicia. ¿El resultado? Un ciclo de impunidad que perpetúa la comisión de estos delitos.Y si a eso sumamos que no hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de brindar seguridad, falta de capacitación y de recursos, el cóctel del horror que vive nuestro país sólo suma y suma ingredientes.La depuración policial es otro añadido. Ningún intento por frenar la incursión del narcotráfico en las instituciones -policiales o no- ha dado frutos. Son miles de millones de pesos del erario que se han arrojado al drenaje de este país en donde los ciudadanos carecen de cobijo institucional.¿Y las víctimas colaterales? ¿Qué pasa con las madres, padres, hijos de quienes un día se van para no volver? Ellos se ven obligados a librar obstáculos para obtener información sobre sus seres queridos, carecen de apoyo psicológico, legal y económico. El Estado como institución encargada de hacer valer el Estado de Derecho cierra su papel dejando a los deudos en una posición vulnerable y desamparada.Cinco años después de iniciado el sexenio, el gobernador de Jalisco reconoce que “nos han robado la paz”. Cinco años después de que rindió protesta, la estrategia de abrazar antes que disparar del Presidente ha demostrado ser un rotundo fracaso. Lo que nos queda como ciudadanos es alzar la voz, condenar cada hecho y exigir a la autoridad que responda, porque a eso se comprometió.Porque normalizar la violencia y replicarla sin ejercer presión, tal y como ocurre con los cinco de Lagos, con los seis de Tlajomulco, con las cuatro de Encarnación de Díaz, sólo añadirá ingredientes a este desastroso cóctel de impunidad, indolencia y omisión en el que se ha convertido México entero.isaac.deloza@informador.com.mx
