Entonces, 1983, con el hecho consumado, el ex ministro de la Corte José Rivera Pérez Campos escribió una carta:«Yo no recuerdo que, con la seriedad y gravedad del caso, alguna vez se haya llegado a plantear al Poder Judicial de México, una cuestión de tanta importancia. Nunca en su historia la Suprema Corte tuvo ante sí un problema más trascendental. De haber entrado a su estudio y haber llegado a adoptar una resolución congruente con el mismo estudio, habría llevado a cabo un auténtico acto de Poder Público. México habría dado al mundo una esplendorosa lección de “juricismo”. Nuestro Estado de Derecho se habría visto fortalecido con un hecho palmario y trascendental. Como nunca, habrían inspirado confianza nuestras instituciones, para ser vistas con orgullo por el pueblo. Habríamos salido de esa prueba con alto prestigio de fieles practicantes de la Democracia. Y todo ello por la única razón de admitir que se discuta en los tribunales el problema de la constitucionalidad -es decir, de la juridicidad de las normas que formalmente lo son, pero que dejan pendiente el problema sustantivo-. ¡Lástima grande que nada de esto se realizara! ¡Lástima que la Suprema Corte quedara pequeña ante el llamado que le hacía la historia!»Enrique Cárdenas, quizá el más importante historiador de la economía mexicana escribió en su libro The Mexican Economy, publicado en Londres en 2022 (el original está en inglés): «Apenas diez días después del anuncio de la crisis de la deuda, durante el discurso de su Informe de gobierno, el presidente López Portillo decretó la expropiación de todos los bancos mexicanos y el control total de cambios. Culpó a los banqueros de la crisis económica y la fuga de capitales, argumentando que habían promovido el saqueo del país. La decisión tomó a todos por sorpresa. El presidente electo, que asumiría el cargo unos meses después, sólo fue informado de la resolución la noche anterior; ningún banquero tenía idea ni el gabinete presidencial. Fue una sacudida para todos. La decisión rompió la relación de larga data entre el gobierno y el sector privado, profundizó aún más la crisis financiera y tuvo repercusiones políticas duraderas.«Los bancos recurrieron a medios legales en un esfuerzo por revertir la decisión del gobierno, pero no tuvieron éxito. El presidente incluso impulsó un cambio en la Constitución [Art. 28] con carácter retroactivo para legalizar la expropiación, que otorgaba el monopolio del sistema bancario al Estado. Cuando el tema llegó a la Suprema Corte en 1983, la mayoría de los ministros votó ni siquiera para considerarlo. Lo vieron como un fait accompli. El Poder Judicial estaba completamente bajo el control del presidente.”Uno de los destinatarios de la misiva de Rivera Pérez Campos, Atanasio González Martínez, a la sazón ministro de la Corte, cuenta detalles de aquel suceso; la carta de Rivera Pérez y el texto del ministro González Martínez están en el libro: La nacionalización bancaria 25 años después. Contada por sus protagonistas, Tomo II, 2010: «El presidente de la Corte, don Mario G. Rebolledo, tuvo un lapsus al decirle [a López Portillo] que nuestro apoyo era para el pago de la indemnización bancaria, no para la deuda. El primer mandatario dio ya como un hecho, en ese momento, la formación del fondo. Todos nos quedamos estupefactos, pero no dijimos nada. Por fortuna, esto sucedió durante una visita privada, no ante los medios. Los cinco integrantes de la sala administrativa esperamos a regresar a la Corte para platicar con don Mario Rebolledo y decirle que lo que habíamos acordado era otra cosa. Él nos contestó: “Ah caray, es cierto”. Segundos después nos dijo, con toda valentía: “Perdónenme, fue un error gravísimo, y ahorita mismo renuncio”. Nosotros le contestamos: “Pero si no es para eso, nada más se debe aclarar en Los Pinos y a otra cosa…” Y, efectivamente, así se hizo; inclusive él nos pidió que nosotros participáramos en esa aclaración. Se hizo y todo pasó; ningún dato salió a la prensa.» «Recuerdo que tiempo después, en alguna comida, tuve oportunidad de ver al licenciado López Portillo, cuando ya no estaba en funciones; me hizo la pregunta de por qué había yo votado como lo hice en el pleno. “Señor -le contesté-, yo entendí que usted me había mandado a la Corte para aplicar la ley y tratar de obtener justicia, por eso voté así”. » «En aquellos días, la Corte se encontraba bajo sospecha de corrupción y este pudo ser un resquicio para coaccionarla a favor de la modificación al artículo 28 y su aplicación retroactiva.» «Indudablemente existía la idea -todavía existe- de que ya no se podía dar marcha atrás en la expropiación, pero desde el punto de vista jurídico, sí se podía. Precisamente la demanda de amparo es para eso: para volver las cosas al estado en que estaban.» «Si una norma nueva va en contra de normas anteriores a la Constitución, no es válida. Ésa era nuestra idea, pero lo importante era entrar al problema, por eso se habla mucho de que el Poder Judicial perdió esa oportunidad.» «La realidad es que no tuvimos siquiera la posibilidad de la discusión de fondo del asunto.» Los ministros Rivera Pérez Campos y Alfonso López Aparicio fueron los únicos, entre 21, que votaron a favor de revisar el amparo interpuesto contra la nacionalización (como se leyó, Rivera prefiere llamarla “expropiación”).Hoy, con el “Plan B” electoral erigido en rival de la Constitución, la Suprema Corte está otra vez ante la historia… la de siempre: el presidente-monarca con su voluntad ajena a las leyes. Un silogismo simple apura al optimismo ramplón: 2023 no es 1983. Mejor hagamos una paráfrasis con el remate de la carta de González Martínez: lástima que la Suprema Corte luzca pequeña ante el llamado que le hace la Historia.Posdata: Causa para recurrir al amparo, leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. ¿Algún gobernador dice, voy?agustino20@gmail.com
