Hoy a las ocho de la mañana se decide todo. Para ese momento Javier, José e Iván habrán cumplido 144 horas de prisión preventiva en Puente Grande, Jalisco, en una coincidencia cruel: una hora de cárcel por cada uno de los 144 días que ocuparon el predio del proyecto inmobiliario Iconia. Hay dos escenarios. En ambos los vinculan a proceso por el delito de despojo que se castiga con hasta tres años de cárcel. No es gratuito que sean tres los imputados: si el delito se comete por tres o más personas, la pena máxima alcanza hasta ocho años. El punto medular será si el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos mantiene la prisión preventiva durante el proceso o los estudiantes encaran el juicio en libertad. El juzgador es un ex diputado panista -compañero de curul del entonces legislador local Clemente Castañeda-, esposo de una ex regidora naranja y funcionaria de Guadalajara denunciada por las anomalías en el megaproyecto Iconia cuya génesis relaté ayer en mi columna. Su perfil rezuma “cuota-cuatismo” por todos lados. Por eso la lectura, inevitable y flagrante, de que Casa Jalisco controla esos hilos. Cualquier decisión del juez será política. Si mantiene a Javier, José e Iván tras las rejas, el gobernador le cobra facturas pendientes a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Es decir, opera como una represalia contra el Grupo Universidad que encabeza Raúl Padilla, pero también un acto de protección institucional a los desarrolladores que le han incumplido a la ciudad. Pero la ecuación tiene más variables. La martirización de Javier Armenta, ex presidente de la FEU, puede revertirse en el largo plazo. Si lo mantiene encerrado, el gobernador labra el futuro de un potencial rival político y dirigente que mañana puede invertir los papeles. El destino en política y en la vida es una caprichosa ruleta rusa con estaciones temporales (Recordemos una máxima de Maquiavelo: “La ofensa a un hombre debe ser tan grande que no le permita vengarse porque los hombres se vengan de las pequeñas ofensas”). Ayer el senador Clemente Castañeda cambió repentinamente su postura y pidió que los estudiantes enfrenten su proceso en libertad. Sólo se hincó ante la orden del gobernador que más tarde “exhortó” al Poder Judicial para que liberara a los jóvenes. Lo hizo como un control de daños porque el tema escaló a medios nacionales con riesgo de abollar sus aspiraciones presidenciales. No calculó el eco mediático de su deseo impulsivo de castigar al Grupo Universidad. A la luz de estas órdenes de Alfaro disfrazadas de magnanimidad, hoy los estudiantes serán liberados una vez cumplido el escarmiento. Sólo queda una duda: las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, ¿cuándo serán sancionadas? Han transcurrido 15 años y cada gestión, primero el PAN en 2008, luego el PRI en 2012 y finalmente MC en 2016, renegociaron condiciones favorables para los desarrolladores en un predio municipal que iba a ser un parque -¿la saga continuará con Pablo Lemus en 2023?Según el propio Javier Armenta, las multas que estas empresas han librado superan los 700 millones de pesos. En todo caso, Alfaro revivió el debate público sobre el megaproyecto inmobiliario de Iconia. Se nos había olvidado que los desarrolladores han incumplido. Ellos sí que cometieron el delito de despojo del espacio público de la ciudad. jonathan.lomelí@informador.com.mx
