En 1937 el despacho principal del Palacio de Gobierno de Jalisco, en el que Guillermo Prieto salvó la vida a Benito Juárez, estaba adornado por el gobernador Everardo Topete. El 14 de septiembre de ese año EL INFORMADOR publicó en la primera plana que el Congreso se reunió para discutir una solicitud de préstamo que el Ejecutivo quería le aprobara: seis millones de pesos -de aquéllos- para carreteras. En el editorial de ese mismo día el diario tomó postura: “En nuestro sistema político nacional, iniciativas como ésas no van a las Cámaras para que se discutan libremente, con riesgo de que, si se consideran improcedentes, se desechen. Sabemos bien que van solamente a ser revestidas de la aprobación legislativa por medio del formulario legalista de una superficial deliberación.” (Cuánta actualidad de siglo XXI había hace 85 años.) El texto sigue: “Proyecto espejeante que deslumbra por lo grandioso, y cuya efectividad -por eso mismo- es de dudarse, pues para su desarrollo exacto pocos serían los seis millones, y, más pocos todavía, administrados por el Estado”. (Lo podemos mirar en sentido contrario: cuánto de ese pasado hay en nuestro presente).Everardo Topete hizo declaraciones contra EL INFORMADOR, seguramente se incomodó por la desinhibida sinceridad; el periódico, dos días después, puso, debajo de la cabeza principal, un mensaje cuyo titular decía, a toda letra: “SEÑOR GOBERNADOR:” y en el cuerpo del breve texto: “Con el proyecto de ley leído en la H. Legislatura (el de los seis millones) y con las amplias explicaciones de Ud., podremos editorializar nuevamente ya con conocimiento de causa; pero antes de hacerlo a su tiempo, queremos hacer una excepción a los calificativos de pérfidos, mala fe e insidiosos que se nos atribuyen, pues jamás hemos tenido la intención de herir a Ud., ni en lo personal ni como gobernante.” (A estas alturas de la historia del Estado, no es descabellado concluir que el devenir político de Jalisco es una acumulación de déjà vu).Por lo expuesto en las páginas de EL INFORMADOR de entonces, la tensión se mantuvo durante once días, al grado que el diario dedicó dos editoriales a destacar la postura del presidente Lázaro Cárdenas respecto a la libertad de expresión, tan generoso el General que la defendía así se tratara de la que ejercían los críticos de su régimen. (La excepción confirma la tendencia: mucho de lo pretérito que sí es rescatable, los gobernantes prefieren considerarlo agua pasada debajo del puente). No sirvió de algo apelar al ejemplo de Cárdenas, el 27 de septiembre de 1937 estalló una huelga de ésas que germinan gracias a la mano negra del interés supremo (el de siempre) y EL INFORMADOR estuvo fuera de circulación. En el libro “Un reportero en palacio”, de Javier Medina Loera (editado por EL INFORMADOR, Editorial Ágata y Círculo Informador), el autor recupera la declaración de uno de los diputados de aquella legislatura, Constancio Hernández Alvirde: la huelga se impuso “En venganza por sus indiscreciones al hacer pública la división de los diputados ante el préstamo de seis millones de pesos que iba a solicitar el Gobierno estatal y por el cual iba a pagar un millón de pesos de comisión al intermediario”. Ese 17% de “comisión” tiene un rudo aroma contemporáneo; conviene comprender que significaban seis millones de pesos en 1937. El 19 de septiembre de ese año, en la página 2 del periódico apareció un aviso de la Dirección de Rentas del Estado, Sección Recaudación: se remataría “el antiguo edificio generalmente conocido como «La Universidad»”; sí, justo el contiguo a la ahora Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, la dimensión del inmueble, según el aviso, era de “dos mil treinta y dos metros veintiún centímetros cuadrados”, y “Será postura legal el ochenta por ciento de la cantidad de (…) doscientos treinta y tres mil setecientos cuatro peso quince centavos”. Supongamos, para no complicarnos, que llegó a medio millón de pesos; con la comisión que se llevaría el “intermediario” del crédito solicitado por el gobernador, podría adquirir dos edificios como el llamado “La Universidad”, nada despreciable la ganancia, aunque ciertamente, tal como comentó el editorialista de EL INFORMADOR, seis millones de pesos no era suficiente para lo que Jalisco necesitaba de carreteras.El medio, los periodistas, versus el poderoso y prepotente; ni el poder Legislativo, ni el Judicial, menos el procurador o los otros medios, hicieron algo para honrar la Constitución que acumulaba apenas dos décadas, denunciando la agresión. Aquí deberíamos añadir: salvo que ahora tenemos sistemas y fiscalías especializados en combatir la corrupción, mandatos legales para la transparencia, pero ¿cabe esa salvedad? ¿Alguna de las instancias nacidas del impulso democratizador reacciona luego de que un medio, una periodista o un periodista exhiben con rigor casos de corrupción? No para defenderlos, sino valiéndose del trabajo periodístico -como parte del diálogo crítico y público, obligatorio en democracia- e investigar, aunque sea por no dejar, lo señalado.En unos días EL INFORMADOR cumplirá 105 años; su historia objetiva está en la hemeroteca virtual que hay en su sitio de Internet, número a número, por ejemplo, el 26 de septiembre de 1937 en el “Aviso Económico Ilustrado” el Hotel Londres, en Colón 180, se anunciaba: “El más cómodo e higiénico con baños de agua caliente, tina y regadera” y lo más importante, con mayúsculas para no dejar espacio a la duda: “ORDEN Y MORALIDAD”, por $2.25 la noche. Así, desde y con sus páginas, la historia entera, la de Guadalajara, la de Jalisco, en más de un siglo. Cuatro generaciones de la familia Álvarez del Castillo y una multitud innumerable de mujeres y hombres periodistas, opinadores, obreros, moneros, voceadores, intelectuales, artistas, anunciantes, lectores y quienes indirectamente han sido tocados de algún modo por EL INFORMADOR, ¿quién no? Felicidades.agustino20@gmail.com
