La presunción de inocencia -de la que tanto se ha hablado en los recientes y escandaloso casos de Rosario Robles o Emilio Lozoya, detenidos y procesados en México, como en los de Genaro García Luna, Naasón Joaquín García o el general Salvador Cienfuegos Zepeda, asimismo figuras públicas en México, detenidas y procesadas en Estados Unidos- está muy bien. Se trata del derecho que tienen todas las personas a que en principio se les suponga inocentes de cualquier delito, hasta que se pruebe su culpabilidad. Se trata de una premisa básica de un régimen que de manera sistemática y reiterada se ostenta como garante del estado de Derecho...-II-Ahora bien: si los procesos contra García Luna y Cienfuegos Zepeda aún se encuentran en las etapas iniciales -o preliminares incluso-, se supone que la presunción de inocencia de ambos opera a plenitud; que solo cuando las autoridades judiciales estadounidenses prueben de manera indubitable su culpabilidad en los delitos que se les imputan, los hoy indiciados perderán ese beneficio.Es prematuro, por tanto, asegurar -como hizo el sábado, en Tabasco, el Presidente López Obrador- que las detenciones de los que fueran prominentes funcionarios públicos en los sexenios de Felipe Calderón (García Luna fue su secretario de Seguridad) y Enrique Peña Nieto (Cienfuegos fue su secretario de Defensa), “es lo suficientemente representativo para demostrar -¡ojo con ese verbo...!- la crisis de México, la decadencia de México que produjo la política neoliberal...”.-III-Demostrar implica pasar de la simple presunción, creencia o sospecha a la certeza; para ello se requiere aportar pruebas... Puesto que en ninguno de los cinco casos señalados se ha llegado a ese punto, conviene subrayar que tres de ellos se ventilan en tribunales estadounidenses, y que, una de tres: o (1) se trata de personas cuyas conductas en el desempeño de sus cargos fueron jurídicamente irreprochables, o (2) las autoridades mexicanas fueron incapaces de detectar actitudes o movimientos irregulares -en sus finanzas, en su estilo de vida o en las acusaciones que en México se hubieran encausado contra ellas, por ejemplo- e investigar la comisión de posibles delitos..., o (3) los señalados estuvieron protegidos, aquí, por sendos mantos de corrupción y/o contubernio.Tanto “la crisis” como “la decadencia” de México, señaladas por el Presidente, son indudables. La gran pregunta es por qué, en casos tan notorios, tienen que ser los aparatos judiciales de otros países, y no los de México, los encargados de ponerles dedo.
