Lunes, 02 de Diciembre 2024

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- Ponzoña

Por: Jaime García Elías

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Si, como reza el adagio, “eso pasa hasta en las mejores familias”, nada tiene de escandaloso o sensacional que hubiera algunos pelos, unas cuantas piedras y hasta un par de moscas en la sopa -permítase la expresión coloquial, por nauseabunda que resulte- con motivo de la jornada electoral de ayer domingo en México.

-II-

De los “incidentes” que salpimentaron la jornada, pocos fueron tan graves que pudieran alterar, así fuese en mínima medida, los resultados de las elecciones: ocasionales episodios de violencia -agresiones, robo de urnas, etc.- en algunas casillas; situaciones que demoraron más de la cuenta o impidieron, de plano, la instalación de otras... Hasta donde se sabe, los daños fueron de menor cuantía; los perjuicios para los electores, de poca monta; casi todas esas situaciones pudieron solventarse o enmendarse. Lo más importante es que, a diferencia de lo ocurrido con demasiada frecuencia durante las campañas, ahora no hubo víctimas. El buen deseo es que tampoco las haya más delante, como reacciones por las frustraciones que causen los resultados, conforme se hagan del dominio público.

Las moscas en la sopa serían los episodios que involucraron a ministros de culto. En un caso, Carlos Lomelí, candidato por Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, habría ofrecido a líderes de la Iglesia La Luz del Mundo gestionar un encuentro con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para ayudarlos a desbloquear sus cuentas, congeladas tras la detención de Naasón Joaquín García en Estados Unidos, acusado de abuso sexual, a cambio de promover entre sus feligreses el voto a su favor. En otro, la orden emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, de retirar un video en que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez llama a “no votar por quienes están en el poder”.

Ambos hechos implicaban flagrantes violaciones al artículo 130 constitucional, que expresamente prohíbe a ministros de culto pronunciarse públicamente o hacer proclamas políticas, a favor o en contra de determinados candidatos o partidos.

-III-

Aunque las leyes -imperfectas, las llaman los juristas- no contemplan sanciones para los infractores, en ambos casos, cabe suponer que la mayoría de los potenciales electores tuvieran plena conciencia de que nadie tiene derecho a coaccionarlos… y, de paso, estuvieran vacunados contra la ponzoña de quienes, por malicia, dolo, perfidia o simple necedad, hubieran hecho la intentona de obligarlos -o inducirlos, al menos- a votar en contra de su voluntad o sus convicciones.

jagelias@gmail.com

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