La excarcelación de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil” no prueba, en absoluto, su inocencia en el “Caso Ayotzinapa”. Sí prueba, en cambio, la incapacidad casi absoluta del aparato encargado, supuestamente, de investigar delitos y sancionar a sus autores, en México, para hacer con pulcritud y eficiencia su trabajo: sin atropellar derechos; sin violar la ley.-II-“El Gil” era uno de los personajes principales de todos los crímenes convergentes en el “Caso Ayotzinapa”: desde la privación ilegal de la libertad de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, hasta la desaparición y probable asesinato e incineración de los restos de 43 de ellos, hace cinco años. Detenido un año después por “delincuencia organizada” y “delitos contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico”, López Astudillo había sido señalado como miembro del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, que participó activamente en todas las decisiones que concluyeron en el asesinato de los estudiantes.Al excarcelarlo, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas no argumentó que 81 de las pruebas aportadas por investigadores, peritos y testigos en contra de “El Gil” fueran falsas. Argumentó que fueron conseguidas de manera ilegal; es decir, a base de irregularidades; entre ellas, muy particularmente, el empleo de la tortura por parte de investigadores y otros funcionarios de la Procuraduría General de la República, contra varios implicados en el caso.-III-Lo reconoció abiertamente el subsecretario de Derecho Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas: no se trata de un hecho aislado; la tortura se aplica de manera sistemática en México. El margen de eficiencia en la administración de justicia -que sería ridículo si no fuera trágico-, de 5% en números redondos (contra el 95% de impunidad), exhibe, de manera escandalosa, la incapacidad de los investigadores para emplear procedimientos científicos.Es la brutalidad la que permite avanzar en los procesos mediante confesiones o declaraciones inculpatorias. Ese es el sistema que se utiliza en la generalidad de los delitos que se consigue esclarecer. Eso propicia, en casos como el que en su momento exhibió a los ojos del mundo una reedición atroz del “México Bárbaro” de hace cien años, que los jueces se vean, a veces, obligados a condenar a inocentes…, y a veces -como ahora-, obligados a dejar en libertad a presuntos culpables.(Por cierto: ¿quién proclamó, el domingo pasado, que en México “ya existe un auténtico Estado de derecho”…?).
