Sábado, 30 de Noviembre 2024

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- Lápida

Por: Jaime García Elías

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La presunción de inocencia no está reñida con los indicios de culpabilidad. En el “Caso Cienfuegos”, como en los que pudieran involucrar a Juan Cuerdas o a Perico de los Palotes, la presunción de inocencia como premisa mayor es -en teoría, al menos- la garantía de que el indiciado será sometido a un juicio justo; de que la resolución que en última instancia se tome en su caso, obedezca a las pruebas de cargo y de descargo que aporten las partes; de que no haya, en fin, ninguna duda razonable de que la declaración de inocencia o la sentencia condenatoria correspondan a los elementos de juicio de que pudieron disponer los jueces.

Si en el “Caso Cienfuegos” las autoridades judiciales estadounidenses 1) mantuvieron hermetismo durante más de un año, 2) lo aprehendieron -el pasado 15 de octubre- en cuanto pudieron hacerlo en su propio territorio, 3) lo trasladaron de Los Ángeles a Nueva York, 4) le negaron el beneficio de la libertad caucional y 5) le iniciaron un proceso, fue, necesariamente, porque estimaron tener indicios sólidos de su culpabilidad en los delitos que se le imputaban. Si posteriormente, en el giro sorpresivo que dio el asunto, decidieron “retirar los cargos”, no necesariamente fue porque se hubieran desvanecido dichos indicios de culpa sino, como se indicó en el comunicado sobre el acuerdo entre los dos países, por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”.

-II-

Aunque los elementos de que disponían las autoridades estadounidenses sobre la presunta culpabilidad del personaje fueron remitidos a las de México, es poco probable que se haga efectiva la amenaza de “la mañanera” del lunes 19: “Todos los que estén involucrados en este asunto (…), que estén en el Gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes”.

Como, hasta donde se sabe, en el expediente (estadounidense) de Cienfuegos sólo hay “miles” de intercepciones realizadas por la DEA, de llamadas telefónicas que sugieren la complicidad del ex secretario de la Defensa con un notorio narcotraficante, es de suponerse que las autoridades mexicanas las desestimen como indicios de culpabilidad, por haberse obtenido sin la autorización expresa de una autoridad judicial… (mexicana).

-III-

Colofón: a reserva de lo que suceda en las próximas horas (o días… o meses…), es probable que este asunto termine sepultado en una tumba en cuya lápida resplandezca esta lacónica leyenda: “Política mata derecho”.

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