Si -premisa mayor- en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hay cientos de cadáveres, íntegros unos, fragmentados otros, de víctimas de posibles delitos, sin identificar; y si -premisa menor- una de las acepciones de la palabra “crisis” es “problema, conflicto, situación delicada”, sorprende, por decir lo menos, la sistemática reticencia del gobernador Enrique Alfaro a llamar a las cosas por su nombre; es decir, aceptar, como conclusión del silogismo que la situación en esa materia, en Jalisco, hablando en español, es crítica.-II-No se duda de los esfuerzos e inversiones de la actual administración para mejorar en ese rubro. Aun concediendo que en 2018 -el año de los tristemente célebres “tráileres de la muerte- hubiera “mil por ciento” de ocupación en las gavetas del IJCF y que actualmente sólo sea de 97.8% (lo que da la relativa tranquilidad de que habrá espacio para los cadáveres que se acumulen en los próximos días...); aun si hubiera aumentado de manera significativa su “capacidad de manejo” y su “trazabilidad en las inhumaciones”; aun si ya dispusiera del personal suficiente para realizar esas penosas labores y de los correspondientes “archivos básicos de identificación”, dos cosas quedan en claro: una, que sigue habiendo un rezago significativo en los deseables avances de las “carpetas de investigación” abiertas como secuela de cada uno de los cinco o seis “macabros hallazgos” que se hacen diariamente, en promedio, en esta “tierra de Dios y de María Santísima”; y dos, que como los protocolos impiden proceder a la inhumación y mucho menos a la incineración de los cadáveres, por más tiempo que lleven almacenados, la digna sepultura de todos ellos sigue siendo una asignatura pendiente.-III-Son, pues, dos temas problemáticos, conflictivos, delicados; críticos, pues: uno, el de la justicia; otro, el del decoro.En uno, si el célebre doctor Rivas Souza (qepd) acertaba al decir que “los muertos hablan” y que un forense competente debía “descifrar sus mensajes”, poco aporta un forense que se limita, en el mejor de los casos, a identificar a “el hoy occiso” y no da pasos firmes orientados a “esclarecer” los correspondientes crímenes. En el otro, debería legislarse al efecto de conservar fotografías y archivar datos del ADN de las víctimas, para, tras un plazo razonable, dar -por cuestiones de decoro, como ya se indicó... y hasta de simple higiene- decorosa sepultura a tantas víctimas del entorno de descomposición social en que nos tocó vivir.jagelias@gmail.com
