A ver: para los ciudadanos que, entrevistados al respecto, responden que “no sabemos ni qué es” (EL INFORMADOR, XI-28-21, p.1-A), el Pacto Fiscal sometido a “consulta” por el Gobierno del Estado, es -según la página de internet del mismo gobierno- “un acuerdo entre (los) estados y (el) Gobierno federal, para distribuir los impuestos que se recaudan”.Los estados cedieron al Gobierno Federal sus facultades para recaudar impuestos (IVA, ISR, IEPS), a cambio del compromiso de regresarles “lo justo para atender las necesidades” de sus habitantes. Se suponía que el Gobierno federal los aplicaría “para acabar con la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia”: problemas que, lejos de resolverse, ostensiblemente se han agudizado. Firmado hace 40 años, pero como las buenas intenciones que inspiraron tal pacto no se han materializado, procede revisarlo... y, eventualmente, desecharlo o actualizarlo.-II-Hasta ahí, salvo prueba en contrario, todos de acuerdo...Ahora bien: si la decisión de suscribir dicho pacto fue tomada por los gobernantes y avalada por los congresos -la “representación popular”, supuestamente- de todos los estados, sin necesidad de someterla a ninguna consulta ciudadana, cabe suponer que en el mismo, como en todos los contratos y convenios que implican acuerdo de voluntades, se incorporaron los canales, mecanismos y procedimientos adecuados para plantear inconformidades y proponer ajustes o reformas.Si, como dice el Gobierno del estado, se trata de “defender a Jalisco de decisiones que se toman desde el Centro del país, sin conocer la realidad de nuestro estado”; de que “el estado y sus municipios tengan recursos para cumplir con sus obligaciones”; de “saber cómo se gasta el dinero que Jalisco aporta a la Federación”; de pedir “más dinero de los jaliscienses para los jaliscienses”, y de exigir que la Federación, en su presupuesto de egresos, incluya recursos para obras prioritarias como la mejoría de sus sistemas de transporte colectivo, seguridad pública y suministro de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara (en que habitan la mitad de los pobladores de la entidad), entre otras cosas, ¿qué caso tiene preguntar a los ciudadanos -y aun a los menores de edad- si quieren o no que “se revisen los términos” y “si Jalisco se mantiene o sale del (susodicho) Pacto fiscal”... ¡especialmente si “constitucionalmente, eso no se puede poner a consulta”!...?-III-La dichosa (y desairada, hasta ahora) consulta, por tanto, resulta ociosa. Y los millones de pesos que se gastarán en ella, serán dinero tirado.
