A ver: si una premisa, en el caso de una acusación, es la presunción de inocencia del acusado, es moralmente válido y jurídicamente inobjetable que dicha premisa se aplique a favor del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a tenor de las recientes denuncias periodísticas de que omitió incluir en la declaración patrimonial a que está obligado como funcionario público, la propiedad de 23 residencias y su participación en 12 empresas… mientras no se pruebe que, en efecto, fue omiso y, por tanto, violó la ley.-II-Ahora bien: el mismo criterio -o su equivalente, la presunción de buena fe- debería aplicarse, en principio, a favor de quienes realizaron la investigación y procedieron, en pleno ejercicio de la Libertad de Prensa de todos los ciudadanos de este país consagrada por la Constitución, a difundirla a través de los medios.Resulta inadmisible, por tanto, por más que se pretenda dar validez axiomática -de verdad absoluta, pues- a la tronante aseveración de que “en el ejercicio de la Libertad de Expresión son preferibles los excesos a la censura y la represión”, que a Bartlett, como puede comprobarse mediante un simple “clavado” en las redes sociales, se le tilde de mentiroso, de corrupto (aun siendo parte de un régimen cuyo representante más conspicuo proclamó que “en este país ya se acabó la corrupción”… aunque tantas experiencias se empecinen en desmentirlo), e incluso de venal o de ladrón, por el posible origen ilícito de sus bienes, y de delincuente electoral, por la famosa “caída del sistema” en las elecciones de 1988.Resulta igualmente inadmisible, en ese mismo orden de ideas, no sólo descalificar a priori la veracidad de los textos periodísticos de referencia, sino tildar despectivamente de “conservadores” -con toda la carga peyorativa que ese epíteto implica- a sus autores o a quienes supuestamente promovieron la publicación de esos reportajes, y de “prensa fifí” a los medios que los divulgaron.-III-Los firmantes de las denuncias asumen la responsabilidad y las posibles consecuencias legales de las mismas. Si de la investigación que ya realiza la Secretaría de la Función Pública se desprende que son falsas, calumniosas, el imputado -Bartlett- estará en todo su derecho de demandar a sus falsarios acusadores por calumnia o daño moral… (Claro: si va en serio la solemne declaración de que, en este bendito país, “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”).“Ya veremos”, dijo aquél…
