Si crisis, diccionario en mano, significa “problema, conflicto, situación delicada”, resulta ocioso someter a la consideración -por lo demás respetable- del gobernador Enrique Alfaro, si ese vocablo aplica al caso de los cinco mil 738 cadáveres -más los acumulados del domingo a la fecha- almacenados (o como se diga) en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).-II-Aunque el gobernador prefiera salirse por la tangente, aseverando que ha habido avances en esa materia desde el asunto de “los tráileres de la muerte”, hace tres años, y ofreciendo presentar “en unas semanas” -¿tres...?, ¿diez...?, ¿cuarenta...?- una nueva “estrategia de seguridad” para los tres años que restan de su administración, es obvio que un rezago en la identificación de más de cinco mil cadáveres es una situación delicada, y dolorosa para otras tantas familias que han sufrido la desaparición de al menos uno de sus miembros; que ignoran lo que sucedió con ellos; que aun si hubieran fallecido -la peor de las hipótesis- en circunstancias trágicas o por razones desconocidas, ni siquiera han tenido el consuelo de sepultarlos dignamente... o, al menos, descartar, por ilusoria, la esperanza de que regresen con vida.El proceso judicial iniciado contra el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, y los que pudieran alcanzar a otros funcionarios por su responsabilidad en el tristemente célebre asunto de los “tráileres de la muerte”, subrayará, a la postre, la escandalosa incapacidad, insuficiencia o incompetencia de las autoridades para dar el primer paso hacia el esclarecimiento de los delitos -homicidios, obviamente..., además, eventualmente, de secuestros, asociación delictuosa, etc.- que podría haber detrás de cada cadáver (casi todos con huellas de violencia) almacenado en una morgue. Y si hay días, meses, y seguramente en muchos casos hasta años de rezago en la identificación de las víctimas, considerando que -como suelen decir los criminólogos- “cada día que pasa nos aleja de la verdad”, es evidente que otro tanto sucede con la pretensión de que esos delitos se esclarezcan, se descubran los móviles, y se identifique, procese y aplique a los responsables, ¡algún día...!, “todo el peso de la ley”.-III-Colofón: la pena -definida por Fernando Castellanos como “el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente”- es la mejor vacuna contra el delito. Y la impunidad -de la que es claro síntoma esta crisis... aunque por miedo a las palabras se prefiera llamarla de otro modo- es su mejor caldo de cultivo.jagelias@gmail.com
