Por una parte, la ética más elemental ordena actuar con absoluta honradez cuando se maneja dinero ajeno; y si es dinero público, con mayor razón. Por la otra, algunas expresiones de la sabiduría popular -de los “evangelios chiquitos”, como los llamaban las abuelas de antes- insinuaban que si de manejar dinero público se trata, la regla suprema, en este país de todos nuestros pecados, fluctuaba entre el abuso y el robo descarado... Ejemplos de ello, el ex abrupto “¡Que te mantenga el Gobierno!” (“Palillo” dixit) para los amantes del dinero fácil; la máxima de “Vivir fuera del Presupuesto es vivir en el error” -que dio la inmortalidad al “Tlacuache” Garizurieta-, o la consigna del “Año de Hidalgo” (aplicable a todos los años): “Le cae al que deje algo”...-II-Bien. El caso es que ayer, en la glosa mañanera del consenso de las cámaras de diputados y senadores para respaldar la iniciativa presidencial de desaparecer 109 “fideicomisos y fondos públicos que representan una bolsa de 68 mil 400 millones de pesos” (y al parecer se habían convertido -para decirlo sin eufemismos- en nidos de ratas), la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, dio pelos y señales de cómo se transfirieron a empresas privadas, “de manera opaca, discrecional”, 41 mil 624 millones de pesos supuestamente destinados a “desarrollo científico, tecnológico y de innovación” en el sexenio anterior.Por si fuera el caso de que dichos manejos valieran como ejemplos de corrupción y hubieran sido, en consecuencia, constitutivos de delitos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Presidente López Obrador ofreció que “en tres meses” habrá una lista de los fideicomisos donde se encuentren irregularidades, mismas que “se darán a conocer, caso por caso”, y haber dispuesto “que se realice una auditoría financiera, administrativa, técnica de todos los fondos y fideicomisos, y que frente a evidencias de corrupción se presenten denuncias ante la Fiscalía General de la República”.-III-En otras palabras, que el combate a la corrupción no se quede en la estéril pirotecnia y eventualmente la estridencia del discurso; que las andanadas verbales no se limiten a mencionar pecados, sino que señalen a los pecadores por su nombre y apellido; que quienes incurrieron en delitos sean tratados como delincuentes; que se aplique, en fin, como dicen las frases consabidas, “todo el peso de la ley” a “quienes resulten responsables”.Colofón: ¿“en tres meses”, dijo...? ¡Corre tiempo...!
