Por si alguien lo hubiera olvidado, cabe recordar que en agosto del año próximo, en México, habrá una consulta pública. Que no se planteará en ella, como decían las pancartas colocadas en los módulos callejeros en que se realizó la fallida preconsulta previa, si había que llevar a la cárcel -a petición del “pueblo sabio”; no precisamente porque hubieran cometido delitos que lo ameritaran- a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Que la Suprema Corte, con tal de complacer al autor de la iniciativa (eufemismo por “ocurrencia”), cambió la pregunta inicialmente propuesta, por una bastante inocua -por decirlo amablemente-: si los ciudadanos estarían “de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.-II-El tema se abordó prolijamente en su momento. Se convino en que “llevar a cabo las acciones pertinentes” no equivale a llevar a nadie ante los tribunales; que “las decisiones políticas” abarcan un universo inconmensurable; que “esclarecerlas” no necesariamente implica que hubieran sido delictuosas, ni el pretendido esclarecimiento garantizará “la justicia y los derechos de las posibles víctimas” de tales decisiones.Se convino asimismo en que la consulta era innecesaria: si se trata de sancionar delitos y reparar sus posibles consecuencias, “la aplicación de la justicia -como señaló el ex presidente Calderón- no depende de consultas”; (y si no -como diría el celebérrimo Alcalde de Lagos-... ni al caso).Pero sucede que, además de todo lo anterior, la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, omitió -al decir del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova- la partida solicitada para realizar la dichosa consulta (lo de “dichosa” es un decir): 1,499 millones 392 mil 669 pesos estimados para integrar 104 mil casillas -con tres funcionarios cada una- que recibirán las respuestas de los ciudadanos; 886 millones para “Organización Electoral”; 559.9 millones para “Capacitación Electoral y Educación Cívica”; 8.5 millones para el “Registro Federal de Electores”, y poco más de 4 millones para la “Unidad de Informática”.-III-Como si, al margen del COVID-19, este país no tuviera tantas carencias en materias como seguridad, salud, educación, obras públicas, administración de la justicia, etc., ahora resulta que eso saldrá costando el chistecito...
