En la escenografía de las mesas de recepción de firmas para promover que los ex presidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto “vayan a la cárcel” (sic), sobresalían dos elementos: en primer plano, las fotografías de los interfectos, perfectamente identificables... aunque con los ojos (pudorosa ¿o perversamente?) cubiertos con un especie de antifaz, como se estila en la prensa cuando se trata de personas cuyos procesos judiciales apenas comienzan; como telón de fondo, líneas horizontales similares a las que se señalan la estatura en las fotografías de frente y de perfil en las fichas signalécticas de los procesados.(En efecto: a quienes crecieron en la cultura de los “comics” solo les faltaron las camisas de rayas horizontales, blancas y negras, para recordarles las historietas de “Los Chicos Malos” obsesionados en saquear la caja de caudales de Rico McPato).-II- Se trata del segundo capítulo de la farsa que comenzó con la ocurrencia de que los ex presidentes –todos, pero en especial los tres citados líneas arriba— “sean investigados y eventualmente procesados por presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país”.Ocurrencia, valga el subrayado, porque el Código Penal establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito, debe denunciarlo al Ministerio Público; y si no lo hiciere, “será acreedor a las sanciones correspondientes”.Que el autor de la ocurrencia que va tomando forma sea impermeable a las opiniones de sus críticos (sus “adversarios”, supuestamente), no debería impedirle solicitar la asesoría o pedir el consejo de sus aliados; por ejemplo, de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; ella, como jurista, catedrática universitaria y antigua ministra de la Suprema Corte de Justicia (desde enero de 1995 hasta noviembre de 2015), debe suponer que, una vez que la promoción en curso se formalice, lo más probable es que la Corte le dé “palo”.-III- No puede ser de otra manera, porque, como ya se apuntó, cualquier ciudadano que tenga indicios de que se cometió un delito, está obligado a denunciarlo; así, la aplicación de la ley, la investigación de un posible delito y el proceso a un posible delincuente, no dependen de ninguna consulta pública.Y, además, en todo caso, ¿por qué solo se apunta a los ex presidentes...? ¿No tendría que hacerse extensiva a decenas de ex gobernadores, cientos de ex presidentes municipales y miles de ex funcionarios públicos que hubieran utilizado los cargos que desempeñaron, ilícitamente, para su personal beneficio...?
