El miércoles pasado se difundió la noticia del inminente -aunque gradual- incremento a las tarifas del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Viernes, sábado y domingo (ayer) hubo manifestaciones de protesta. En la primera, según consignó la prensa, “cinco jóvenes fueron detenidos por la policía estatal tras manifestarse y permitir el paso ‘gratis’ a los usuarios del Tren Ligero en la estación Plaza Universidad”. En las dos siguientes, hubo entre 300 y 400 manifestantes el sábado; ayer, alrededor de 150.-II-Considerando que en Guadalajara y anexas hay un millón 600 mil usuarios habituales del transporte público (que realizan dos millones 800 mil viajes diarios, para un promedio de 1.75 viajes al día per cápita… aunque muchos trabajadores o estudiantes toman cuatro camiones diariamente), podría decirse que la cifra de participantes en las protestas es insignificante…Sin embargo, es obvio que la inmensa mayoría de los directamente afectados por la decisión gubernamental están inconformes con la misma, en parte porque les impacta -dicen los entendidos- en el órgano más sensible del cuerpo humano (el bolsillo), y en parte porque la deseable correlación entre el alza en las tarifas y la mejoría en la calidad del servicio, no ha ido, vía de regla, más allá de los primores del discurso oficial. Y es obvio, también, que no todos los ciudadanos inconformes con la medida -“dolorosa pero necesaria”, ya se sabe…- anunciada por la “h.” autoridad, participaron en las marchas de protesta: algunos porque sólo se enteraron “a toro pasado” de las mismas; otros porque seguramente tenían cosas más importantes que hacer…, y muchos más, aun si se hubieran enterado a tiempo, porque saben que tales “manifestaciones” sirven para tres cosas: para nada, para nada… y para nada.-III-Sí: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió ya, oficiosamente, un pronunciamiento al respecto: planteó el derecho a la transportación como un derecho humano esencial, recordó que se trata -esencialmente también- de un servicio público (que debería prestar el Estado), e invitó a la autoridad a reconsiderar la disposición anunciada: algo ilusorio, probablemente, porque la tarifa no depende de la voluntad de la autoridad ni de la calidad del servicio, sino del costo de operación del mismo.De la prosaica realidad, pues, que condena al usuario a un servicio caro, porque los malditos números así lo determinan… Y malo, porque ha faltado gobierno para exigir a los concesionarios un nivel razonable de calidad en beneficio del pasajero.
