Un total de 111 contribuyentes aparecen en una nueva lista negra publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como presuntos factureros.El listado global de presunción de contribuyentes que encabezan la Arrendadora Balder de Nuevo León y la empresa de Asesoría y Consultoría Morive de la Ciudad de México, corresponde a casos que fueron notificados entre abril mayo y junio de 2020.Entre la lista hay despachos contables, constructoras, de estrategia turística, de computación, ingeniería y de marketing digital de Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, Guerrero y la Ciudad de México.Derivado de sus atribuciones legales, las autoridades fiscales los ubicaron en el supuesto de factureros, luego de que detectaron que los contribuyentes señalados, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.Cada uno fue notificado de manera individual a través del cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.Los señalados tendrán derecho a probar que no son factureros dentro de un plazo de 15 días presentando ante el SAT escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación.A través de este documento, manifestarán lo que a su derecho convenga, anexando la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.También puso en el listado global de presunción a la empresa AARTE JT de Nuevo León que fue notificada en abril de 2017.Por otro lado, dio a conocer que dos presuntos factureros que fueron notificados en 2017, aportaron pruebas, pero no lograron desvirtuar el motivo por el cual se les señaló como emisores de comprobantes para simular operaciones.En la misma situación se encontraron 40 contribuyentes encabezados por ACN Ejecutivos de Oaxaca y Aquamarine International que fueron notificados en 2019, pero no lograron comprobar que tenían todo en orden.
