Durante las últimas semanas han circulado en redes sociales publicaciones de trabajadores de diferentes empresas que denuncian presuntas presiones laborales para votar por un determinado candidato.Según la ley vigente, cuando los empleadores, organizaciones gremiales o sindicatos presionan a sus agremiados o trabajadores para influir en el sentido de su voto se comente un delito electoral.La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, fracción VII, lo castiga: “Se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.Cualquier delito electoral se puede denunciar de forma anónima en el Sistemas de atención ciudadana de la Fepade, a través del correo electrónico fepadenet@pgr.gob.mx, en el teléfono 24 horas 01-800-833-7233 o en su app FepadeMóvil.También puede ser de forma presencial en la Unidad de Atención Inmediata, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos No. 2836, Col. Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, CP 01090, Ciudad de México, teléfono (55) 53463137.Desde Estados Unidos y Canadá se puede llamar al número sin costo 18664779960.Además, la Procuraduría General de la República pueden recibir las denuncias en el país, así como las Fiscalías Electorales de las entidades federativas.Germán Castillo, director de Averiguaciones previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), señala que ya "han empezado a llegar denuncias relacionadas con fuentes de empleo, fuentes de trabajo donde se dice que les han pedido foto de la credencial u otras formas de identificar a los electores".Del 8 de septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2018, esta fiscalía recibió mil 492 denuncias por delitos electorales. En total, se abrieron 633 carpetas de investigación; 79.75% por alterar el registro federal de electores.Castillo señala que “es indispensable que haya una denuncia ciudadana para proceder a la investigación”, como lo dicta el artículo 16 de la Constitución.La línea entre cometer este delito electoral y hacer un llamado a votar el día de la elección, es delgada.“La ley distingue entre llamar a votar y presionar a una persona para votar a favor de un candidato, como amenazarla con que va a perder un beneficio o su trabajo; (esto último) es delito y está penado con multas financieras y hasta con cárcel; pero el llamado en sí no está penado y la gente tiene miedo de que si no obedece puede perder su empleo”, explica Paula Sofía Vásquez, consultora en Strategia Electoral.Quien denuncia no sólo tiene que acreditar que el hecho sucedió, sino el modo, tiempo, lugar y el nexo causal; es decir, señalar quién es el responsable, cómo y cuándo sucedió el hecho.Ivonne Acuña, experta en sistema político mexicano, de la Universidad Iberoamericana, considera que los llamados de los empresarios por un candidato u otro “ejerce una presión real sobre sus trabajadores” y no deben obviarse.“En todas las campañas se usan siempre, eso no ha cambiado; y, por supuesto que tienen un efecto real en los trabajadores”, considera Arturo Alvarado, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien reconoce que en los últimos años hay un mayor descontento.“Las personas que están en esa situación de vulnerabilidad están desprotegidas, pero hay mecanismos para la denuncia y, gracias a la última reforma, esta coacción es un acto ilícito”.
