Tras amargas discusiones para renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos (EU), Canadá y México (T-MEC), que entró en vigor en medio de la pandemia, está lejos de haber puesto fin a las fricciones comerciales entre los tres países. Pero podría, bajo el liderazgo del Gobierno de Joe Biden, cambiar la situación en términos de legislación laboral.El acuerdo comercial celebrará el jueves su primer año de existencia. El 1 de julio de 2020 reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que estaba en vigor desde 1994, a instancias de la administración de Donald Trump.Los tres socios siempre dijeron que este nuevo tratado sería beneficioso para sus economías y sus trabajadores. Pero durante el último año se ha ampliado la gama de litigios entre Estados Unidos y Canadá por un lado, y Estados Unidos y México por el otro.Ciertamente, el TMEC eliminó una “nube de incertidumbres” y por lo tanto mejoró el clima empresarial, una condición sine qua non para promover el comercio y la inversión, subraya Jeffrey Schott, experto del centro de análisis Peterson Institute for International Economics.Pero, paradójicamente, favoreció el surgimiento de numerosos conflictos."El TLCAN era la visión de un mercado único norteamericano que poco a poco se iría integrando cada vez más, un poco a imagen de la Unión Europea, aunque sin llegar tan lejos como la Unión Europea (UE)”, recuerda Edward Alden, experto del Consejo de Relaciones Exteriores.“El T-MEC fijó las normas para que las tres economías distintas de América del Norte cooperen allí donde puedan, en tanto fijó reglas para combatir donde no puedan”, agregó.Por lo tanto, se verá un aumento del número de litigios en los próximos años, pues con “el marco de estas reglas, (los países) actuarán según sus propios intereses, de forma bastante agresiva”, estimó.Desde la histórica disputa sobre los productos lácteos y la madera para la construcción hasta los paneles solares de Canadá y los impuestos a las empresas digitales de Estados Unidos, la lista de áreas de desacuerdo entre Washington y Ottawa crece.La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien negoció las disposiciones relativas a las normas laborales del T-MEC, dijo que defenderá los intereses de Estados Unidos, empezando por los productores de leche del país.Se estableció recientemente una comisión especial para solución de controversias, prevista por el acuerdo comercial, para examinar la cuestión de las cuotas lácteas impuestas por Ottawa.Para François Dumontier, portavoz de la asociación de productores lácteos de Québec, el T-MEC no ofrece “ninguna ventaja”.Incluso considera que ciertas disposiciones del tratado son “un ataque a la soberanía canadiense”, restringiendo sus exportaciones al tiempo que permiten más importaciones desde Estados Unidos. Por su parte, David Salmonsen, dirigente del sindicato agrícola estadounidense American Farm Bureau Federation, reconoce la larga lista de disputas, pero quiere ser optimista.“Tendremos una mejor visión (del estado de la relación comercial) una vez que todas las economías se hayan recuperado de la pandemia”, dijo.“Apoyamos al T-MEC, pues creemos que ayudará a desarrollar el comercio agrícola entre las tres naciones”, agregó.Ante la ofensiva estadounidense en el sector lácteo, el Gobierno canadiense se centró en el sector de los paneles solares.Recientemente solicitó la formación de un grupo de solución de controversias ante la aplicación de aranceles estadounidenses de 18% a esta industria.Pese a estas escaramuzas, Valeria Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cree que “globalmente” no hubo en el año transcurrido un “cambio radical con respecto al TLCAN”.Sin embargo, espera que el T-MEC influya en las leyes laborales de México en el futuro. Washington ya invocó dos veces al T-MEC para pedirle a México que investigue presuntas violaciones de los derechos sindicales en el sector automotriz, incluso en una planta de General Motors.“¿Esto tendrá un efecto beneficioso para los trabajadores mexicanos? Me parece que sí”, dijo Moy. “Obligará a las empresas mexicanas a hacer cambios”.No obstante, le preocupa que Estados Unidos pueda utilizar el tema de la legislación laboral “como pretexto para aplicar medidas proteccionistas”.A casi un año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los conflictos por violaciones laborales pueden crecer.Hasta la fecha se acumulan dos solicitudes de Estados Unidos contra México por denegación de derechos laborales, pero se esperan más casos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida, que incluye el tratado.Se prevé que algunos sean por incumplimientos reales y otros por abusos del mecanismo por sindicatos de ambos países.De acuerdo con expertos, estas disputas podrán acarrear a México represalias contra sus exportaciones, con el daño para los inversionistas estadounidenses de las fábricas que operan en territorio nacional y que sean señaladas por violación al acuerdo.El Gobierno mexicano se comprometió en el T-MEC que se garantiza a los trabajadores la libertad de asociación sindical, a legitimar los contratos colectivos, voto libre y secreto, eliminar cláusulas de ingreso o exclusión a sindicatos y evitar la injerencia de empresas en, principalmente.De aquí a 2023, las empresas exportadoras que estarán en el ojo del huracán deberán de cumplir el proceso de legitimación del contrato. Sin embargo, el proceso de votación libre para legitimar el contrato avanza lento.La Secretaría del Trabajo expuso que son 500 mil contratos colectivos que deben legitimarse en México, de esos, hasta principios de junio iban 867 ratificados, pero al menos seis mil empresas maquiladoras deben realizar ese procedimiento, porque en su mayoría exportan a Estados Unidos.De acuerdo con especialistas, los compromisos en materia laboral del T-MEC y que llevaron a México a realizar una reforma laboral en 2019 deben cumplirse, porque hay mecanismos fuertes para asegurar que no se violen.En el T-MEC incluyeron procedimientos para iniciar los Mecanismos de Respuesta Rápida con tiempos de cumplimiento.“México no tiene opción de cumplir o no los compromisos laborales, no es si los van o no a cumplir, con el TLCAN tuvo forma de no hacerlo, pues hubo paneles que se trabaron 25 años, pero en el T-MEC se puso todo para hacerlos efectivos”, dijo el socio de Littler, Jorge Sales Boyoli.El problema es que si bien vemos “el nacimiento de una nueva forma de resolver controversias laborales internacionales”, se puede incurrir en abusos en cómo se activa el mecanismo, pues “basta con que yo sienta que se están denegando los derechos”.A la fecha hay dos casos que inició la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) contra México por denegación de derechos laborales, uno contra la planta de Silao, Guanajuato, de General Motors, porque durante la legitimación del contrato colectivo de trabajo se encontraron boletas destruidas con votos de trabajadores y, la otra, de Tridonex, en Tamaulipas, por impedir la libre organización sindical y negárseles mejores condiciones salariales y laborales.Sales Boyoli dijo que a partir de que Estados Unidos envió a México una solicitud de revisión éste tiene 45 días para dar respuesta, más 10 días de consultas de buena fe, tres días hábiles más para integrar el panel, luego 60 días naturales para resolver y 10 días para la primera solución, lo que nos llevará a septiembre para la resolución del primer caso, dijo.El secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Alejandro Martínez Araiza, dijo que los sindicatos estadounidenses presionan al gobierno demócrata para que los puestos de México regresen a ese país y por eso “hay que cuidar que las demandas sean verdaderas”.Consideró que las demandas laborales “se van a multiplicar”, sobre todo si las exportadoras no cumplen con la Ley Federal del Trabajo, como lo es legitimar el contrato, porque al menos hay más de 6 mil maquiladoras que deben hacerlo con fecha límite del 30 de abril para hacerlo.Hace unos días la Cámara de Comercio de Estados Unidos aseguró que hay irregularidades en los casos laborales contra México, porque el gobierno de ese país debió publicar el procedimiento para iniciar un panel antes de su solicitud y porque se aceptaron casos previos a la entrada en vigor el T-MEC, el pasado 1 de julio.Con eso se demuestra que en los dos casos que inició Estados Unidos contra México se afectan inversiones de ese país, por lo que la US Chamber sale en defensa de grandes corporativos, afirmó el exnegociador del TLCAN y ahora académico del Tecnológico de Monterrey, Jorge Molina.
