Olga pidió un préstamo en una aplicación (app) en redes sociales sin saber que sería el inicio de un infierno para ella y su familia. Además de los altos intereses que pagó por un crédito de mil pesos, cayó en una trampa no prevista en las “letras chiquitas” del contrato: le siguieron depositando otros préstamos de forma automática, sin ella haberlos pedido. “El dinero de manera recurrente regresaba a mi cuenta y en un principio no lo vi mal, hasta que se descontroló todo. Estas aplicaciones te solicitan autorización para entrar a tu teléfono y se las di, puesto que mi intención siempre fue pagar. Pronto empezaron a llegar préstamos de muchos lados, que no solicité, a mi cuenta”, narra. Los créditos crecieron hasta volverse impagables. Además, Olga sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp por la aplicación, que falsificó su identidad para hacerla ver como una deudora ante sus conocidos y familiares. “Les empezaron a llamar a mis familiares. Había amenazas, presión y amedrentamiento psicológico para pagar”, contó su hija, quien pidió el anonimato. Por lo general, las tasas de interés que ofrecen estas apps superan el 50% anual, lo que provoca que el endeudamiento sea grave en caso de un atraso. Además, utilizan presiones psicológicas e intimidaciones a quienes no pueden pagar. Este y muchos casos más son una evidencia de que las aplicaciones que brindan estos préstamos no están reguladas, explicó Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara. “El Gobierno federal debe lanzar una campaña para certificar a empresas serias y que no apliquen violencia psicológica, porque ellos la aplican como una estrategia conocida como cobranza extrajudicial, que es la cobranza que se lleva a cabo por particulares y se encargan de presionar, hostigar y hasta de extorsionar deudores de forma muy violenta”. José López Medina, abogado postulante, recordó que estas prácticas están prohibidas por el Código Penal tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, estas apps hacen un manejo indebido de los datos personales. Adair Mercado, especialista en créditos personales, sugirió revisar las plataformas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para verificar que la empresa o aplicación está autorizada para operar como institución financiera. Muchas de ellas no lo están.
