Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace tiempo la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la suspensión de las obras en Texcoco no ha ocurrido. Especialistas explicaron que el Gobierno enfrenta cuatro factores que le impiden ‘enterrar’ definitivamente el proyecto aeroportuario, cuyo costo fue estimado en 13 mil 300 millones de dólares. Entre los aspectos que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) aún debe destrabar para frenar totalmente la obra se encuentran: el alto costo financiero a cubrir por la cancelación, las complicaciones legales con inversionistas, el proceso de suspensión de los contratos con constructores, y la remediación del terreno de casi 5 mil hectáreas a su estado de origen.El costo de cancelar la obra es un monto que la actual administración no ha podido esclarecer. Por una parte, López Obrador estima que el país ahorrará 100 mil millones de pesos al ‘enterrar’ el NAIM; mientras que el GACM prevé un costo de alrededor de 120 mil millones de pesos por cancelar las obras. Sin embargo, el impacto económico de la suspensión se podría disparar debido al pago de intereses que el Gobierno deberá realizar sobre los 4 mil 200 millones de dólares de bonos colocados en el extranjero. Según el analista financiero, Raymundo Tenorio, tan solo el pago de intereses supondría una erogación de 4 mil 388 millones de dólares adicionales al valor del principal de los bonos que se tendría que amortizar en un periodo de 21 años. “Con información de los contratos, la tasa de interés de los 4 mil 200 millones fluctúa entre el 3.87 y el 5.50 por ciento (semestral). Considerando las tasas originales por la deuda de los bonos, generarían 4 mil 388 millones de dólares de intereses, aun amortizando 200 millones de dólares como aseguró Hacienda”, dijo. Existe la posibilidad, agregó, que los bonistas firmen la reestructura de bonos a una tasa mayor en hasta 400 puntos base, como lo sugirió la calificadora Standard&Poors, lo de que dispararía aún más el costo.La recompra de mil 800 millones de dólares en bonos del Fideicomiso MexCat evitó que el Estado enfrentara litigios internacionales. Sin embargo, Roberto Hernández, abogado especialista en contratación pública, señaló que la cancelación de los contratos con constructoras, legalmente se dará hasta que la actual administración anuncie su ‘terminación anticipada’, proceso que ya contempla el GACM. “La terminación anticipada de contrato llevará entre 4 y 6 meses por el volumen de las obras y contratistas”, refirió el experto. Alejandro Loera y Luis Felipe Aguilar, socios del despacho Aguilar & Loera, explicaron que se debe pagar una penalidad por la obra ejecutada y los servicios prestados, pero de no llegar a un acuerdo con los contratistas podrían surgir controversias legales. “El particular tiene derecho de asistir al poder Judicial Federal o al mecanismo de arbitraje para demandar el pago correspondiente”, dijo Loera. Un contratista del NAIM que pidió el anonimato, descartó que las constructoras mexicanas demanden al Gobierno, pero sugirió que las firmas extranjeras sí podrían hacerlo.Algunos contratos con constructoras culminarían en no más de seis meses, según el GACM. Rogelio Rodríguez, abogado experto en aeronáutica, explicó que es probable que se decida dejar correr los que todavía estarían vigentes, para evitar su término anticipado que es más costoso. “Esta decisión del Gobierno Federal forma parte de un plan para evitar costos adicionales por término anticipado de contratos que tienen un avance considerable y están por concluir”, dijo Rodríguez. El semestre fijado por el GACM es ‘realista’ y permite a la autoridad seguir las obras que están por expirar antes que indemnizarlos, añadió. Además, un contratista indicó que “una terminación anticipada es muy difícil, por lo que mejor es llevar el contrato a buen fin”. Según el GACM, al 16 de noviembre 134 contratos estaban vigentes con un valor total de 154 mil 13 millones 515 mil pesos, incluido el edificio terminal, a cargo de Carso, ICA, GIA y Prodemex.Gerardo Ferrando, titular del GACM, refirió que demoler lo construido en Texcoco no es lo más sensato, por lo que se debe buscar un destino a lo construido. Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental del NAIM se tiene que desmantelar la obra o buscar otro uso para el proyecto, a través de un ‘Programa de Restauración Ecológica” que señale la rehabilitación, demolición o uso alternativo de la obra, lo cual encarecería más la cancelación. “Remediar un sitio es a veces más caro que el proyecto mismo”, advirtió Alanís.
