El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla, para 2022, penas de seis a 12 años de prisión para empresarios que vendan combustibles de procedencia ilícita.De igual manera, el organismo también pretende incluir sentencias que vayan de tres a ocho años de prisión para todo aquel que no cuente con controles volumétricos para medir entradas y salidas de combustibles.Alejandro Montufar, director de Petrointeligence, aseguró que esta medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo producto ilegal.No obstante, empresarios adscritos a la cadena de distribución de hidrocarburos y petrolíferos consideraron excesiva esta medida.Los especialistas coinciden en que los costos de inversión para el cumplimiento de esta nueva disposición serán traspasados a los consumidores finales, lo que afectaría a todo el sector.En México hay 171 permisos para terminales de almacenamiento de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 MIL 104 para expendio de gas y mil 208 para distribuir gas LP, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía.El gobierno federal ha gastado 47 mil 740 millones de pesos en lo que va del año para contener el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel, informó el SAT.JM
