La cancelación de contratos otorgados a particulares por razones de “seguridad nacional” es una de las principales polémicas de la contrarreforma energética enviada a la Cámara de Diputados el viernes por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La iniciativa señala que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) tendrán facultades para suspender cualquier permiso de los particulares que participan en el mercado de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, “en caso de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”. El Ejecutivo propone que ante la cancelación de algún contrato otorgado a un particular, las empresas productivas del Estado se encargarán de la administración y operación que tenía el permisionario. Para lograr lo anterior, pretende modificar los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 de la Ley de Hidrocarburos. Estas suspensiones tendrán la duración que la autoridad determine y podrán ser temporales o definitivas. En caso de reincidencias, se revocará el permiso respectivo.Se incluye un artículo cuarto transitorio, en el que se establece que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica y sus derechos, “podrán solicitar, en el marco de la normatividad de la materia correspondiente, el pago de las afectaciones”.Críticos de esta iniciativa hablan de “un ánimo de expropiación” del Gobierno federal. “Quieren suplantar a los dueños y operadores de los permisos de todo lo relacionado a todos los combustibles”, afirmó el consultor energético Gonzalo Monroy.
