Si no se avanza en el combate a la corrupción, el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar un costo muy alto porque ese problema es el obstáculo más grande para el desarrollo del país y de las empresas, dijo Fernando Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC).Las cifras del costo económico de la corrupción en México van de 2% a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta diferencia se debe a que las estimaciones más conservadoras se limitan a determinar el costo basado únicamente en los pagos facilitadores para agilizar trámites o sobornos con el fin de evitar multas y cosas que son relativamente fáciles de medir.Sin embargo, algunos otros estudios consideran aspectos que van más allá de lo que se paga, como el costo de oportunidad; es decir, cuánto se deja de invertir en el país porque hay corrupción, por lo que el valor ampliado de ese problema, no sólo por el costo del hecho en sí mismo, sino por sus consecuencias, puede ir de 5% a 9% del PIB, estimó el especialista.El tema de la deshonestidad se ha convertido en una bandera clave de la contienda política por la Presidencia, por lo que la postura de los principales candidatos es clave para saber lo que puede suceder en el futuro, en particular por lo que se refiere al Sistema Nacional Anticorrupción.Tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya han sido claros en la necesidad de impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha dicho dos cosas que preocupan sobre el impulso al sistema, dijo Sentíes; el primero, que él no tiene confianza en la sociedad civil organizada y, el segundo, que él quiere nombrar al fiscal anticorrupción, siguiendo el modelo donde el Presidente nombra al funcionario a modo con sus intereses.El verdadero problema de México no es la corrupción sino la impunidad y lo que puede suceder es que se va a seguir agudizando. Todos lo usan como bandera para ganar las elecciones, hablar de la corrupción es algo que todos quieren escuchar, pero sólo quien tome al toro por los cuernos va a cambiar las cosas en México, afirmó el presidente de la AMPEC.Lo más grave hasta este momento es la falta de independencia de la Fiscalía (que en este caso es la PGR), porque impide que se persigan todos los actos de corrupción, como el caso de Odebrecht con Pemex, debido a que la procuraduría protege a gente que financió las campañas del PRI, aseveró el directivo.Lo que está impulsando la sociedad civil para que eso no suceda y no haya nadie por encima de la ley, es la reforma al artículo 102 constitucional para que la Fiscalía sea realmente independiente e investigue a cualquier persona, incluyendo al Presidente.Con el Sistema Nacional Anticorrupción se modificaron siete leyes que crearon dos instituciones nuevas: el Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Anticorrupción; y se reformaron otras cinco leyes, entre esas la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que se asigne a 18 magistrados especializados en ese rubro.Es decir, esta parte, desde el punto de vista legal, fue hecha, pero no está consumada porque el Congreso no se ha puesto de acuerdo para nombrar al fiscal y no ha aceptado las propuestas que hizo el presidente para los 18 magistrados especializados.Sin embargo, el Congreso acabó el 30 de abril su periodo ordinario y aunque se habló de que estos temas pueden ser retomados en un periodo extraordinario, no será sino hasta pasadas las elecciones con la definición del nuevo Presidente cuando se tenga más certeza en torno al futuro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
