La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STPS), a través de su titular Marco Valerio Pérez Gollaz, aseguró que la inspección laboral en Jalisco ha presentado diversas irregularidades durante los últimos años, como requisas laborales incompletas y expedientes desaparecidos.“En la anterior administración se concluían procesos de inspección sin ningún documento que avalara sus resultados, es decir, se abría la inspección y luego no había nada, ni sanción a la empresa ni cierre de acta que estableciera si la inspección resultó bien o mal”, afirmó el secretario de Trabajo.“Hablamos de miles de expedientes sin sustento formal, en los que se dejaron vencer procesos para imponer una multa o declarar que estaban bien, pero sin ser concluidos de manera cabal, y no había ni sanción ni reconocimiento expreso de que la empresa cumplía con la ley”, puntualizó.El funcionario también acusó olvido o descuido en el manejo de documentos por parte de los inspectores laborales. “Están carcomidos por animales donde tiraban comida para que los mismos roedores los desaparecieran”, dijo.Debido a esta problemática, la STPS estatal y la Contraloría estatal, encabezaron este miércoles la firma de un convenio para atacar la corrupción en la dirección de inspección laboral del organismo, con la participación del sector empresarial.Entre los objetivos de este acuerdo, se verificará que los inspectores realicen sus revisiones a las empresas con procesos apegados a la ley, se dará seguimiento a los expedientes de inspección, y se revisará el patrimonio de estos servidores públicos para prevenir casos de corrupción.“Además de fomentar las buenas prácticas entre el personal, la cultura de la legalidad y la transparencia en los procesos de cada una de las direcciones de este organismo gubernamental, se busca poner fin a un lastre histórico que genera afectaciones a los jaliscienses”, afirmó Pérez Gollaz en la firma del convenio.Mediante dos denuncias a la Fiscalía General de Jalisco (FGE) y una denuncia a la Contraloría estatal, la Secretaría del Trabajo acusó un desvío por 5.8 millones de pesos realizado en el organismo durante el gobierno anterior.El recurso, etiquetado en el presupuesto estatal del 2018, estaba destinado a los programas “Mujeres Avanzando” y “Todos con ellas” de apoyo a la mujer, que terminaron en áreas de comunicación social de la STPS, afirmó Marco Valerio Pérez, titular actual de la dependencia.También se denunció a ex-presidentes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje por retrasar deliberadamente juicios laborales y retirar ilegalmente documentos.“Queremos que la contralora, Teresa Brito, nos acompañe en procesos de auditoría interna en la STPS, para valorar otras conductas que puedan ser causales de responsabilidades criminales”, explicó Pérez Gollaz.NM
