La Comisión Federal de Electricidad (CFE) demanda casi tres mil millones de dólares a las empresas constructoras y operadoras en cinco de los siete gasoductos con las que actualmente enfrenta un proceso de arbitraje internacional. Según información proporcionada por la Comisión dirigida por Manuel Bartlett, la CFE demanda casi 403 millones de dólares a Carso Energy por el gasoducto Samalayuca- Sásabe; 899 millones a IEnova y TC Energy –antes TransCanada– por el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, cuya construcción fue concluida el 11 de junio pasado. La CFE también demanda a IEnova 842 millones de dólares por el gasoducto Guaymas-El Oro, cuya construcción fue concluida en 2017, pero ese mismo año su operación fue suspendida por un conflicto social. A TransCanada y Fermaca pide un reembolso de 848 millones de dólares por el tramo de gasoducto Tula-Villa de Reyes-Aguascalientes. En conferencia de prensa, Bartlett explicó que este monto se deriva de que durante el sexenio pasado las compañías reclamaron sin otorgar el servicio de transportación de gas natural a la CFE. “Cuando nosotros llegamos a hacernos cargo de la empresa se había pagado ya 600 millones de dólares, sin haber recibido una molécula de gas”, dijo a medios de comunicación. Dentro de las negociaciones, CFE busca modificar principalmente las cláusulas que se refieren a cargo fijo, a los eventos de fuerza mayor y “a los efectos que tendrían la aplicación de estas categorías sobre el resto del contrato, es ahí donde está el núcleo del problema porque afecta directamente las finanzas de la compañía y tendría efectos también con la tarifa”, explicó Rafael Serrano Figueroa, jefe de departamento de la Unidad de Arbitrajes y Propiedad Intelectual de la Comisión. IEnova, una de las constructoras del ducto marino, negó haber iniciado un proceso de arbitraje en contra de la CFE posterior al 13 de febrero pasado, cuando se reunieron con Bartlett para hablar de la renegociación, dijo la compañía en un comunicado; aunque reconoció sostener un arbitraje por el gasoducto Guaymas-El Oro, que inició en febrero de 2018, durante la administración pasada. Por su parte, el embajador de Canadá, Pierre Alarie, negó que TC Energy haya iniciado un proceso de arbitraje, como aseguró Bartlett. “Eso no es cierto (que las empresas canadienses hayan empezado un arbitraje), genera muchísima confusión, hay diferencia entre un amparo y un arbitraje; por ejemplo, las empresas sí se protegieron, pero no empezaron un proceso de arbitraje. Yo pienso que la CFE está usando sólo parte de la información y no toda la información”, dijo Alarie, entrevistado en el Sorteo de la Lotería Nacional alusivo al 75 aniversario de la relación bilateral México-Canadá. Las cuatro compañías involucradas ya aceptaron negociar los contratos vía reuniones con la Comisión. El proceso introductorio comenzó el lunes pasado con la compañía Fermaca. TC Energy, IEnova y Grupo Carso acordaron con la CFE reunirse los próximos 4, 5 y 8 de julio, respectivamente. En la conferencia de prensa, Manuel Bartlett aseguró que las compañías constructoras de los siete gasoductos que por ahora están en proceso de arbitraje internacional fueron las primeras en aplicar medidas legales cautelares antes de comenzar con el proceso de negociación de los contratos. “No nos hemos negado a la negociación, hicimos exactamente lo mismo que ellos hicieron antes, esto debe de quedar claro en la opinión pública”, dijo Bartlett Díaz a medios de comunicación. “¿Qué hicimos nosotros? Acudimos a lo mismo, hicimos la misma operación que ellos hicieron, entonces demandamos medidas, hicimos una demanda arbitral, que es lo que se establece en el contrato”, dijo.El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el gobierno federal abrieron una mesa de diálogo para revisar los contratos de los gasoductos, indicó este martes el presidente del organismo, Carlos Salazar Lomelín. El empresario, junto con Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema. “Fue una reunión cordial. Concluimos que vamos a privilegiar el diálogo, se va a estar hablando y se va a formar una mesa de conciliación tratando de separarnos del problema legal e intentando llegar a una solución que nos beneficie a todos”, indicó Salazar. Los representantes del sector privado no precisaron si la mesa se llevaría a cabo de manera paralela a la negociación con las empresas, que de acuerdo con la CFE está por comenzar, previo a la celebración de sesiones introductorias.
