El punto central de los problemas de la justicia y la administración pública en nuestro país están en la aplicación de las disposiciones legales, comenzando por la propia Constitución. La pretensión de resolverlos a partir de reformas o nuevas leyes ha demostrado su ineficacia durante décadas. Las estructuras locales del Estado mexicano están agotadas, no por su diseño legal, sino por su desempeño, y de eso se aprovechan muchos, entre ellos, las organizaciones criminales. Las capacidades del servicio púbico de justicia son tan limitadas que las instituciones sólo pueden dar trámite a una porción reducida de los asuntos que se surgen cada día. Esto ha provocado una crisis de proporciones enormes tanto en la resolución de conflictos civiles, mercantiles y del mundo de los negocios, como de los temas administrativos y que se manifiesta de forma más notable en materia criminal.Tenemos la calidad del derecho que realmente aplicamos y no la del que está redactado en las leyes. Las crisis de la justicia que se han presentado en la historia de otras naciones se han resuelto generalmente mediante la atención pública, la inversión de recursos, y el empoderamiento de las funciones judiciales y de aquellas encaminadas a resolver los conflictos entre los particulares.Es famosa la reforma judicial del Reino Unido de mediados del siglo XIX, producto del crecimiento de la carga de asuntos judiciales que, mediante la Ley de Jurisdicción Sumaria en 1848, otorgó mayores poderes para juzgar una gama más amplia de cargos penales y permitió agilizar los procedimientos en materia civil y mercantil.En México hemos emprendido esfuerzos en este sentido desde la reforma al Poder Judicial de la Federación de los años noventa. Sin embrago, la demanda de servicios ha crecido de forma alarmante en estos años, al grado que los esfuerzos parecen simbólicos. Quizá lo más visible es el caso de los homicidios y las desapariciones, pero el crecimiento de las denuncias de robos, asaltos y otros delitos es inmenso y la capacidad operativa es reducida.Esta debilidad ha generado fisuras por donde han penetrado intereses aviesos generando un círculo vicioso de desconfianza pública y debilidad institucional. La peligrosa tendencia a denostar la función judicial cómo las tareas policiales es un hecho que alimenta esa desconfianza y estimula una debilidad, que hace al Poder Judicial más dependiente de las cuestiones políticas y de la voluntad necesariamente transitoria de los gobiernos, propiciando la llegada de intereses ajenos a la justicia. La debilidad judicial y policiaca siempre beneficia al crimen.Medir el desempeño judicial y la eficacia en la aplicación de la ley es una cuestión estratégica, comenzando por conocer la cantidad de asuntos que existen y la cantidad de funcionarios que los atienden, como los recursos que se destinan a los procesos aplicativos. Para tener una idea del desafío, habría que considerar que, solamente en materia penal, en el año 2017, según los datos públicos de Inegi se cometieron tres millones 788 mil 860 delitos en el país con un millón 540 mil 694 víctimas de todo tipo y los asuntos penales abiertos superaron apenas los 100 mil en los tribunales, a lo que habría que agregar la insuficiencia en materias civil, administrativa, mercantil y otras.Ante semejante reto, es necesario emprender un esfuerzo planificado de largo plazo para reconstruir las estructuras judiciales, sobre todo en los estados y municipios, preparar personal idóneo, agilizar los procedimientos y generar confianza pública.Es un esfuerzo que debe emprender el Estado Mexicano como una prioridad, dado que es éste servicio público más endeble en este momento y el que mayor demanda social tiene. Precisamente al ver estos hechos desde el exterior se consideran poco confiables las promesas de aplicar eficazmente reformas como la laboral. Y es por eso que se reclama la existencia de mecanismos externos de verificación. Hechos como lo sucedido en Culiacán, que indican el grado de aceptación social y política que tienen los hechos violatorios de la ley. Más allá de cuestiones políticas de coyuntura, el fortalecimiento del servicio de justicia, expresado entre otras cosas, en las funciones judiciales es un imperativo de Estado.
