Padres y política

George Lakoff es conocido por la teoría de marcos. Aquella que dice que la política se mueve tras las huellas de dos modelos de paternidad: la del padre estricto y la del padre protector. El primero se relaciona con la derecha o el pensamiento conservador. Asume que el Gobierno debe castigar, infligir dolor, a quien ha traicionado los principios morales de una sociedad.

La ley tiene que ser implacable y sin miramientos. Cualquier concesión a un “malo” es propiciar que la conducta se repita. El Estado debe ser un padre estricto que no se toca el corazón para imponer el orden y corregir a quien se ha desviado del camino. El segundo modelo, el padre protector, se suele asociar con la izquierda. Es el padre que entiende y perdona. Que quiere educar y corregir en libertad. El ser humano que delinque no es malo por naturaleza, sino que el sistema lo ha llevado a vulnerar los consensos sociales. Los problemas sociales, al igual que aquellos que surgen en la familia, no se resuelven con nalgadas, sino con empatía y comprensión.

No nos damos cuenta, pero esos modelos de pensamiento influyen en casi todas las posturas que expresamos públicamente. Desde cómo debe ser la educación pública pasando por cuántos impuestos deben pagar unos y otros, hasta cómo debe ser la política de seguridad y justicia en un país. Son marcos morales que nos sirven de guía ideológica. El marco del padre estricto se finca en la disciplina y el orden. Por ello, afirma y reafirma, constantemente, la autoridad. Y, entiende, que una sociedad segura es la que pone “mano dura” contra los delincuentes, contra los jóvenes que consumen droga o contra los funcionarios públicos que no cumplen su función. Las estrategias de “cero tolerancia”, siguiendo la afamada política de seguridad de Rudolph Guiliani, surgen precisamente de esta visión paternalista.

En cambio, el padre protector ve al ser humano que delinque como producto de una sociedad torcida. La desigualdad, las necesidades, las condiciones económicas precarias llevan a un individuo a salarse la ley. No cree en la mano dura, sino en la rehabilitación. No entiende que el castigo sea para dañar, sino para reinsertar. Las penas contra criminales deben ajustarse a eso: únicamente las necesarias para asegurar su reinserción con éxito en la so  ciedad.

En México, el debate de la semana pasada desató una auténtica guerra de posiciones. El centro de la polémica: la amnistía que propone Andrés Manuel López Obrador, pero que no supo explicar en el debate. La palabra se repitió en 18 ocasiones durante los primeros 35 minutos de discusión. Margarita Zavala, Ricardo Anaya y José Antonio Meade fueron los más incisivos a la hora de exigirle explicaciones al tabasqueño. Fue tan manoseado el concepto, que López Obrador le pidió a Olga Sánchez Cordero-su propuesta para Gobernación-, Tatiana Clouthier- jefa de campaña- y a Alfonso Durazo-asesor del candidato en seguridad- que salieran a explicar la propuesta horas después del evento organizado en el Palacio de Minería.

Más allá de los detalles de la propuesta, que aún están en construcción de acuerdo con lo que señala el equipo de López Obrador, lo interesante fue el choque de imaginarios sobre seguridad pública que desató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero entre aquellos que consideran que la amnistía es hacer tabula rasa con el historial criminal de peligrosos asesinos, secuestradores y extorsionadores, y quienes consideran que una amnistía a campesinos o halcones es una ruta adecuada para pacificar al país. El padre estricto y el padre protector en un auténtico cara a cara.  

El problema de este enfrentamiento entre dos imaginarios sobre cómo debería ser el Gobierno frente a los criminales, frente a aquellos que violan la ley, es que ninguno tiene evidencia para probar que su fórmula sería más eficaz que la de su rival. La visión del “padre estricto”, nunca mejor encarnada que en el sexenio de Felipe Calderón, ha dejado un país militarizado, con instituciones severamente cooptadas y con territorios inexpugnables para el Estado. Y peor, una estrategia que ha dejado más de 200 mil homicidios en todo el país y 34 mil desaparecidos. El fracaso del modelo del padre estricto alcanza tal magnitud por los niveles de impunidad y debilidad institucional. ¿Es posible implantar una apuesta de tolerancia cero en un país en donde millones de ciudadanos están relacionados de una u otra manera con el crimen organizado? ¿Hay cárceles suficientes?

Y el modelo del padre protector, estructurada en la propuesta de López Obrador, carece de los cómos y objetivos claramente planteados. De acuerdo con lo que dicen los asesores del tabasqueño, la amnistía sería el perdón a los delitos cometidos por mexicanos que fueron empujados al crimen organizado por necesidad, y que no cometieron crímenes atroces. Es decir, campesinos que siembran drogas o jóvenes halcones que son utilizados por células del crimen organizado. El problema es: ¿cómo trazas la línea entre aquellos susceptibles de la amnistía y los que no lo son? ¿Cómo garantizamos que un proceso de amnistía de los niveles bajos y medios de los cárteles pacifique al país? ¿Cómo operaría un acuerdo de estas características? ¿No es más sensato legalizar y atender el problema de las drogas como un desafío de salud pública? El problema es que el modelo del padre protector también está extraviado en México. Educación pública insuficiente, salud pública precaria, ministerios públicos corrompidos, programas sociales partidizados.

México necesita surcar nuevos caminos en materia de combate a la violencia y al crimen organizado. Hay que estar ciegos para no admitir que la militarización y la estrategia bélica contra el crimen organizado ha sido un rotundo fracaso. Son necesarias nuevas ideas que vean a la inseguridad como un problema de múltiples dimensiones, que tiene que ver con armas, pero también con tejido social y oportunidad. Cuando se habla de justicia, es imposible que la moralidad no entre en juego. El debate fue un ejemplo de ello. 

DR

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