Reforma o muerte

La imagen es trágica. El Senado de la República, considerado la más alta tribuna parlamentaria de la nación, convertida en una vulgar representación de la antipolítica. En juego, la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el próximo lustro. Primero, una votación tramposa. Sufragan 116 senadores y se cuentan sólo 114. Ni siquiera cuando elegíamos representante de grupo en la secundaria caíamos en trapacerías tan elementales. Luego, una promesa de la mayoría morenista en el Senado para reponer la dudosa votación. Reposición que nunca llegó, y concluyó con empujones, amenazas y gritos entre senadores. Y, lo peor: Rosario Piedra Ibarra, nueva presidente de la defensoría popular, tomando protesta indignamente. No se le puede hacer tanto daño a una institución en tan poco tiempo.

La actuación de una parte de la clase política fue lamentable. México es un país sumido en la violencia cotidiana. Nos levantamos con noticias sobre asesinatos, desapariciones y masacres. No hay conversación que no comience por un “me asaltaron el otro día”, “me robaron mi celular” o “se metieron a mi casa”. Y, a pesar de ello, el oficialismo, el Gobierno de la Cuarta Transformación y su mayoría legislativa, se aferra a un proceso viciado con tal de poner al frente de la CNDH a una militante de su proyecto. Y la oposición, en lugar de proponer alternativas y explorar los canales judiciales adecuados para evitar el albazo, prefiere la violencia y el histrionismo. Un teatro que alimenta a aquellos que consideran que con todo y López Obrador, el sistema está podrido. Luego, ¿por qué aparecen los Bolsonaro? ¿O los Trump? Aquellos que dicen que tenemos demasiada libertad y se necesita una mano dura que enderece el camino. Aquellos que dicen que no necesitamos parlamentos, tribunales o medios de comunicación. El bochorno del Senado es ideal para aquellos que agitan permanentemente la tentación autoritaria.

Sin embargo, detrás del fracaso político antes narrado, se esconde un debate de fondo: ¿Qué hacer con la Comisión Nacional? ¿Estamos frente a una colonización institucional por parte de Morena o frente a la justicia de que, por fin, llegue una víctima a encabezar la defensoría popular? ¿Es la muerte de la CNDH o su reconciliación con las causas que sufren todos los días los ciudadanos? Son los dos relatos que se enfrentan diametralmente lejanos: el Gobierno, y su mayoría, que consideran que es de elemental justicia que las víctimas de desapariciones estén representadas en la toma decisiones de la CNDH, y la oposición, así como organizaciones sociales, que sostienen que estamos frente al secuestro de la institución y su puesta a las órdenes del Gobierno de la 4T.

Vámonos un paso previo. ¿No tenemos años diciendo que era necesaria una cirugía mayor de la Comisión? ¿No llevamos años planteando alternativas para que realmente la institución tenga efectividad a la hora de combatir y prevenir la violación de derechos humanos? ¿Nos sentimos satisfechos de la Comisión y su trabajo? ¿Está a la altura de los mil millones de pesos de presupuesto que eroga cada año? ¿La ciudadanía siente a la CNDH como una aliada?

El amlocentrismo que devora el debate público nacional ha arrasado por completo con los matices. Reiteradamente nos encontramos con dos narrativas que chocan sin consideraciones. La rupturista -AMLO y Morena que dicen que todo tiempo anterior fue corrupto- y la oposición, así como parte de la comentocracia, que se aferran acríticamente al satus quo. Cualquier movimiento de la Presidencia de la República significa un supuesto aniquilamiento de las instituciones. Nos ha pasado con el Poder Judicial, los órganos reguladores, el BANXICO, el IFAI, el INE y ahora con la CNDH. Existe una incapacidad, de una parte de la oposición partidista y no partidista en México, para asumir que ciertas instituciones tienen que reformarse profundamente. Reformarse no supone extraviar su objetivo vital. Su objetivo existencial. Los órganos reguladores siguen siendo importantes en un país de monopolios privados y estatales. El Instituto Nacional Electoral sigue siendo importante en un México que sospecha del fraude comicial. Y, por supuesto, la CNDH es fundamental en un país en donde se violan los derechos fundamentales de forma sistemática y el Gobierno, de cualquier color partidista, tiene claros incentivos para esconder a las víctimas. Sin embargo, se necesitan reformas. Consensos amplios para transformar estas instituciones y volverlas más representativas. El inmovilismo sólo alienta el discurso destituyente del Presidente. Un discurso que le permite a López Obrador arrasar con cualquier institución, ante el drama de unos poquitos, e instituir sus reglas del juego.

Y es que hay un asunto más de fondo: el bono democrático de la transición se agotó. Los partidos políticos no fueron capaces de entender que era momento de acometer una reforma estructural de los órganos constitucionalmente autónomos. No entendieron que la profunda burocratización y el alejamiento de los intereses de la ciudadanía provocaron que estas instituciones sean vistas más como problemas que como soluciones. Lentamente, una mayoría de mexicanos comenzaron a identificar a dichas instituciones como aparatos del sistema, más preocupados por sus intereses que por garantizar el acceso a derechos de la ciudadanía. El tripartidismo histórico -PAN, PRI, PRD- optó por acordar en el Pacto por México reformas muy “de avanzada”, pero que no tocaran sus intereses políticos. Se siguieron repartiendo la CNDH, el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha pasividad reformista permitió que el discurso anti-institucional de López Obrador permeara. Si el Presidente puede colonizar algunas instituciones es simplemente porque no tienen aprecio social. Porque un ciudadano no entiende en qué le afecta que exista una titular de la CNDH que esté subordinada al poder político. Niega su utilidad.

La mejor forma de honrar a las instituciones que fueron importantes para la democratización del país es reformándolas. No son monumentos bañados de oro que deban estar ahí, intocadas, para suscitar la admiración. A veces considero que hay un fetichismo institucional. ¿Cómo que se van a meter con el INE? ¿o con la CNDH o el INAI? Las instituciones deben servir para resolver los problemas de la ciudadanía y, si están fallando en sus objetivos o si son vistas como burocracias alejadas del día a día de los mexicanos, claro que deben ser sujetas de reforma. Será un sexenio de colisión entre el Presidente y algunos entes autónomos, pero quienes consideramos que siguen siendo necesarios para el México de hoy, la mejor defensa es presionar para que se reformen y se mantengan independientes del poder político. Instituciones sin aprecio social son burocracias inservibles que, tarde o temprano, mueren.

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