Esta es la postura de jueces y magistrados sobre la tómbola en el Senado
La insaculación (tómbola) fue realizada en el Senado para 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito, para la elección de 2025
La reforma judicial sigue dando de qué hablar y luego de la tómbola en el Senado, magistrados y jueces fijaron su postura.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) calificó de humillante la insaculación (tómbola) que realizó el Senado de 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito, para la elección de 2025 donde se elegirán por voto popular.
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Resaltó que el procedimiento que efectuó el Senado es a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto: "En un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar con la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos", detalló.
Anunció que brindará todo el apoyo, acompañamiento jurídico a los jueces cuyos derechos humanos y laborales fueron atropellados con esa acción arbitraria.
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La Jufed destacó que a través de la intromisión de un poder distinto al Judicial Federal se decidió la terminación arbitraria de la función de 50% de juzgadores de carrera en 2025, y el resto en 2027, violando las reglas de acceso a la jurisdicción nacional.
También se incurrió en un nuevo incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal, que en muchos casos pasaron por la revisión solicitada por las autoridades, quienes no lograron demostrar su ilegalidad.
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Insistió en que los actos del Poder Legislativo están violando flagrantemente el Estado de derecho y rompen abiertamente del orden constitucional.
El 10 de octubre, la Jufed externó su enérgico rechazo a la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial, sin establecer un diálogo con los juzgadores involucrados, lo cual vulnera el marco institucional y legal que rige nuestro país.
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