Mando militar en Guardia Nacional; las claves para entender la reforma de AMLO

El Senado se prepara para discutir la reforma a la Guardia Nacional, aprobada anteriormente por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre. Este cambio constitucional busca consolidar el mando militar dentro de la institución, un objetivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado desde la creación de la Guardia Nacional.

La iniciativa forma parte de un paquete de 20 reformas constitucionales enviadas por el Presidente el 5 de febrero y propone modificaciones a varios artículos de la Constitución, incluyendo el 21, que adscribiría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma la definiría como una "fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial".

Aunque la Guardia Nacional fue establecida en 2019 con un mando civil en la Secretaría de Seguridad Pública, se permitió la incorporación de elementos militares a través de artículos transitorios. A pesar de su carácter civil en teoría, la mayoría de sus integrantes y mandos provienen del Ejército y la Marina.

Con la reforma, los elementos de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional dejarían de pertenecer a su fuerza original, aunque se respetarían sus derechos laborales. Sin embargo, esto no aplicaría para los miembros de la Secretaría de Marina si se aprueba una reserva que excluya a este personal.

La iniciativa también estipula que el personal de la extinta Policía Federal será trasladado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fortaleciendo el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Prodh) advierte que esto formaliza una militarización de facto de la institución. 

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Tanto el Presidente López Obrador como la Presidenta electa Claudia Sheinbaum han negado que la reforma implique militarización, argumentando que la presidencia civil es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, la iniciativa justifica la incorporación de personal militar, afirmando que su capacitación es esencial para la efectividad de la Guardia Nacional.

Además, se propone que la Guardia Nacional realice investigaciones de delitos bajo la dirección del Ministerio Público, con el fin de mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que esto contraviene el derecho internacional, que prohíbe la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de justicia.

La reforma también modificaría el artículo 13 para que los integrantes de la Guardia Nacional sean juzgados por tribunales militares, lo que podría complicar la rendición de cuentas y la transparencia en casos de irregularidades. Organizaciones civiles alertan sobre la falta de imparcialidad en el sistema de justicia militar.

A pesar de estas preocupaciones, la iniciativa se presenta como una manera de establecer reglas claras para prevenir abusos. Desde su creación en 2019 hasta julio de 2024, la Guardia Nacional ha acumulado miles de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La reforma busca además garantizar una participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ampliando los poderes del Congreso para regular su intervención. Esto podría eliminar las restricciones actuales sobre el uso de militares en la seguridad pública, permitiendo una participación indefinida. 

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Una de las modificaciones más controvertidas es la del artículo 129, que podría facilitar la expansión de funciones militares en tiempos de paz, lo que ha suscitado temores de una mayor militarización.

Bajo la administración de López Obrador, el personal militar ha asumido roles que antes eran civiles, como en el caso de proyectos de infraestructura emblemáticos. Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma ya ha pasado por las comisiones del Senado y ahora se discutirá en el pleno.

El proceso de votación podría ser clave, ya que la ausencia de algún senador de oposición podría permitir a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada necesaria para ratificar la iniciativa. 

Con información de SUN. 

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