Por ir al funeral de su abuela, hombre termina preso en Oaxaca
A pesar de que Jesús Miguel Ambrosio portaba una prueba negativa de COVID-19 para que le permitieran entrar a San Francisco Yatee, fue encarcelado y debió pagar una multa
Un ciudadano de Oaxaca denunció a través de un video difundido en redes sociales que tuvo que pagar una multa de dos mil pesos y terminó preso en la cárcel de la agencia San Francisco Yatee, del municipio San Idelfonso Villa Alta, en la Sierra Norte, lo anterior luego de intentar ingresar a esta comunidad para acudir al sepelio de su abuela.
"El alcalde me negó la entrada e hizo uso de su autoridad para mandarme a encarcelar. Un amigo que pasó a dejarme una cobija lo agarraron y lo amarraron"
Lo anterior debido a que Yatee, una pequeña comunidad de apenas 430 habitantes, se ha blindado contra la propagación del COVID-19 y endurecido sus filtros sanitarios, así como los requisitos para permitir el acceso a las personas externas.
"Soy Jesús Miguel Ambrosio, nieto de la señora Ignacia Ambrosio que el día de ayer falleció en la comunidad de San Francisco Yatee, Villa Alta. Anoche llegué a la comunidad con prueba en mano de COVID-19, de que soy negativo, para que se me permitiera la entrada y poder darle sepultura a mi señora abuela que me cuidó desde pequeño como su propio hijo", señala en su relato el afectado.
Según el denunciante, ni por llevar la prueba negativa, ni porque avisó que iba a la comunidad, las autoridades municipales permitieron el ingreso, y no sólo eso, sino que lo mandaron a encarcelar. "El alcalde municipal, Feliciano Salvador Matías, me negó la entrada e hizo uso de su autoridad para mandarme a encarcelar. Un amigo que pasó a dejarme una cobija lo agarraron y lo amarraron, tratándolo peor que a un delincuente", acusó.
Además de los malos tratos, Jesús Miguel Ambrosio mostró un recibo de pago por la cantidad de dos mil pesos por el concepto de multa "por no haber hecho caso a las reglas de la autoridad municipal de San Francisco Yatee", mismo que firma Feliciano Salvador Matías.
Ante la situación el denunciante solicitó la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), órgano autónomo que señala que durante la pandemia, de marzo de 2020 a la primera quincena de 2021, se han iniciado 250 expedientes de queja, de los cuales 52% están relacionados con actos de las autoridades municipales.
JM