Inician foros para elegir a jueces por voto popular
En el primer conversatorio se mostró la posición actual del Poder Legislativo frente al Poder Judicial
Inició la cuenta atrás para el comienzo de una auténtica guerra de Poderes en México. Ayer en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política del Senado, literalmente codo a codo la representación del Ejecutivo y del Legislativo mostraron sus armas en contra del Judicial, al empezar los foros de la reforma “para elegir a jueces por voto popular”.
Fue así como iniciaron los conversatorios bautizados como “Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial”, para debatir con juristas, ministros en retiro, procuradores y legisladores la propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular, así como una nueva reforma al Poder Judicial.
Participaron en el primer foro, denominado “Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculativa ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de carga en la Suprema Corte”, el constitucionalista Diego Valadés, acompañado por Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Amador Rodríguez Lozano, académico y jurista. Participó también Andrés García Repper, ex integrante del Comité Técnico de Evaluación del Consejo General del INE, y abiertamente afín al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos fueron recibidos por los senadores de Morena, entre ellos, Ricardo Monreal.
Quien abrió fuego fue el diputado de Morena, y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, al asegurar que "el Poder Judicial nos quiere llevar a un Gobierno de jueces". Lo llamativo es que el diputado morenista fungió como moderador de la sesión.
Mónica González Contró explicó a los legisladores guindas el error en “que mayorías sometan derechos de minorías”, que esta reforma traería “elecciones muy costosas”, y que se vería la “independencia judicial afectada por injerencias partidistas y poderes fácticos”.
Diego Valadés dijo que “elegir a ministros por voto popular no resolverá los problemas de seguridad y justicia en México”, y que eso “es subestimar el tamaño del problema”.
Amador Rodríguez aseguró por su parte que “la consulta persigue una agenda partidista, no ciudadana”, ante la “ocurrencia” del partido oficial de hacer una consulta popular para elegir a jueces por voto directo.
Telón de fondo
No confundir legitimación y popularidad
En medio del huracán político en el que está sometida desde el Poder Ejecutivo, y con la sombra del Poder Legislativo acechando con la propuesta de reforma para que los jueces sean elegidos por voto popular, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, advirtió hace un par de días sobre la importancia de distinguir entre legitimación y popularidad, y sostuvo que, dentro de la administración pública federal, el segundo punto no debe ser parte de la misión ni de los valores de los servidores públicos.
Al celebrar el 25 aniversario del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), dijo que el apego a las leyes y a la Constitución deben ser principios que marquen la actuación del servicio público.
“Pero en el camino, en la adaptación y en la evolución de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad, eso nunca ha estado ni debe estar en nuestra misión axiológica ni en nuestros valores institucionales”.
La ministra Piña explicó que legitimación social es algo que requieren las instituciones públicas y pidió no confundir esa necesidad “con el uso de las instituciones públicas como un medio para tener una aprobación social”.
Detalló que “la diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato que la ley da a la propia institución”.
Norma Piña recordó que el IFDP nació hace 25 años, fecha en que se dejó atrás el servicio de la defensoría de oficio que prestaba exclusivamente el servicio de defensa penal.
“Es precisamente esta ley nuestra brújula la que hoy establece que el objetivo del instituto es la prestación gratuita del servicio de defensoría y asesoría en asuntos del fuero federal en materia penal, laboral, familiar y otras. Este instituto habrá de garantizar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos de la ley”, consideró la cabeza del Poder Judicial.
Voz del experto
Andrés Norberto García Repper, especialista en derecho electoral y constitucional
Corte sí se toca, pero a través de la democracia
Andrés Norberto García Repper, especialista en derecho electoral y constitucional, señaló que se deben buscar mecanismos para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero mediante procedimientos democráticos.
“Creo que sí hay vías para definir y discutir posibles rutas (para elegir a los ministros). Este mantra de que la Corte no se toca, es pura retórica, por supuesto que se toca, y se toca con procedimientos democráticos, lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma”.
Expuso que además de elegir a los ministros que integran a la SCJN, también deberían elegirse a quienes integran a la Judicatura, porque es el órgano encargado de vigilar la actuación del Poder Judicial.
“Saben que quien preside el Poder Judicial, preside el Poder de la Judicatura, o sea, yo presido el órgano que me debe vigilar a mí; y los miembros de la Judicatura, que es un órgano colegiado, transversal, encargado de vigilar al Poder Judicial, deberían también ser electos”.
Señaló que el procedimiento para la designación de los ministros de la SCJN siempre ha sido “politizado”, por lo que es falso que se quiera politizar al debatir sobre la posibilidad de cambiar el método de designación.
Afirmó que, incluso, la Suprema Corte está haciendo política con los pronunciamientos que dicen: “No nos van a doblar”.
“¿Qué se necesita para ser candidato a ministro? No hay convocatoria pública. Se necesita que el Presidente de la República lo proponga al Senado de la República, y necesita andar caminado por los pasillos del Senado, solicitando audiencia con los señores senadores, y entonces se establecen, no sé si escritos o tácitos acuerdos”.
Explicó que no se les realizan exámenes de conocimientos a quienes aspiran a ser ministros de la SCJN, ni tampoco psicométricos o toxicológicos, que podrían ayudar a predecir su comportamiento en el cargo.
“Para ser ministros de la Corte no se les hace examen de conocimientos, no se les hace examen psicométrico, yo no sé si un examen psicométrico te pudiera dar datos de si una persona que sufra un ataque de ira haga comentarios indebidos. Yo no sé si un examen toxicológico te pueda hablar de la sensatez de ministros, de magistrados y de jueces”.
Ubican a Piña en lista de jueces que favorecen a delincuentes
Al continuar con las críticas del Gobierno federal al Poder Judicial, ayer Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), ubicó a la ministra Norma Piña Hernández, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la lista de “Jueces que Favorecen a Delincuentes”.
Al presentar el Informe de “Cero Impunidad” en la mañanera y frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario señaló a la ministra Piña Hernández en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria Ejecutiva de Disciplina del CJF por “sostener criterios parciales” que benefician a cuatro presuntos responsables en el caso de desaparición de Francisco “N”, pepenador detenido en diciembre de 2018 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y escoltas del gobernador de esa Entidad, Martín Orozco.
“Tenemos el caso de la ministra Norma Lucia Piña Hernández pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, ella es secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF. El caos es una queja contra la juez de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes, es un caso de desaparición de José Francisco ‘N’, era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018, por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaba como escolta del gobernador Martín Orozco”.
En Palacio Nacional, Luis Rodríguez Bucio detalló que el pasado 17 de mayo tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón, desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez quien, acusó, ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparecido forzada de José Francisco “N”.
“En este caso hubo otro detenido Jaime ‘N’ que se suicidó de manera dudosa en diciembre en 2019 en una celda del Cereso de Aguascalientes, y aún continúa una persona más por detener por estos hechos.
“Las actuaciones en este caso, las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco ‘N’”.
Urge secretario de Gobernación, Adán Augusto limpiar Poder Judicial
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, urgió a “limpiar” al Poder Judicial, que dijo, sigue siendo un lastre para el combate a la impunidad y la inseguridad, desde la visión del Poder Ejecutivo. “No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese Poder necesita para funcionar correctamente”, dijo.
CT