México avala aborto en menores violadas, sin aval de los padres
La medida da derecho a las víctimas para que realicen el proceso
Las menores de 12 a 17 años víctimas de violación pueden abortar en México sin permiso de sus padres ni mandato judicial, señaló la Suprema Corte de Justicia al declarar constitucional una norma que consagra ese derecho.
“En los casos de violación ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores”, dijo el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, durante la sesión del pleno.
La corte desechó así recursos interpuestos por los estados de Baja California y Aguascalientes contra un reglamento dictado por el Gobierno en 2009 que avala a las menores de 12 a 17 años a interrumpir el embarazo sin autorización de sus padres.
La norma, que pese esos recursos estaba vigente, obliga a hospitales públicos a practicar abortos a mujeres violadas que así lo soliciten.
La afectada debe requerir el procedimiento bajo juramento de decir la verdad, sin necesidad de un mandato judicial. En caso de menores de 12 años demanda un permiso de sus progenitores.
Los estados que impugnaron unas modificaciones hechas al reglamento en 2016 argumentaban que invadía competencias estatales en materia penal e intervenía en los derechos de los padres.
Pero Zaldívar manifestó que esta normativa es “una respuesta rápida y eficaz” para garantizar los derechos de las mujeres.
“Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género”, insistió.
El magistrado evocó el caso de una menor de Baja California que fue violada en 1999 por dos sujetos cuando tenía 14 años y resultó embarazada.
Victoria para colectivos feministas
El pronunciamiento es una victoria más para los colectivos feministas que denunciaron en muchas ocasiones que hay embarazos de menores fruto de violaciones en el seno de sus propias familias, con lo que la posibilidad de denunciar o conseguir una autorización para abortar era casi imposible. La sentencia tiene lugar cuando en Estados Unidos se están cerrando las vías para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en muchos estados y la Corte Suprema de ese país se encamina a anular un fallo de 1973 que garantizaba el derecho constitucional al aborto.