México

La CIDH descarta verdad histórica sobre Ayotzinapa

Un nuevo mecanismo de seguimiento indagará qué pasó esa noche en Iguala, colaborarán miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

La verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, está descartada y debe darse una nueva narrativa en torno al caso Iguala, afirmó la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.

En la entrega de resultados del mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa y presentación de la nueva etapa de monitoreo sobre la investigación con un mecanismo reforzado, la comisionada refirió que “tiene que darse una nueva narrativa como un punto de partida. La verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, está descartada”.

Arosemena anunció que cuatro de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresarán a México para colaborar en el caso.

Los especialistas formarán parte del nuevo mecanismo de seguimiento que contará con un Grupo de Apoyo Técnico (GAT) que se conformará con personal designado directamente por la CIDH que asesorarán, y acompañarán, las investigaciones, acciones forenses y definición de líneas de investigación.

“Nos asesorará en el diseño y la conformación de una instancia de investigación penal que definirá la Fiscalía General de la República”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

La investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa inició ayer una nueva etapa con la puesta en marcha del grupo de la CIDH que acompañará los trabajos de la Comisión de la Verdad lanzada en enero por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este grupo de la CIDH es el segundo que se crea para ayudar en las indagatorias en torno al caso de los estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa, en Iguala. El primero realizó una investigación entre 2015 y 2016 y concluyó sus labores tras un reporte que rechazó las conclusiones del Gobierno anterior de que los jóvenes habrían sido quemados.

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