Juez ampara a madre de Borge contra cualquier orden de arresto
La única forma en la que podría ser aprehendida es si se le acusa de algún delito grave, pues para esos supuestos no opera la suspensión concedida por el juez de amparo
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo no pueden, por ahora, consignar las investigaciones que tengan contra María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, ni pedir su aprehensión.
La mamá del ex mandatario consiguió que el juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le concediera una suspensión contra cualquier orden de aprehensión o detención, y para que tanto autoridades locales como federales no puedan ejercer acción penal en las investigaciones en las que ella esté involucrada.
La medida fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal, por lo que la suspensión permanecerá vigente hasta que el juez se pronuncie sobre la suspensión definitiva.
La única forma en la que podría ser aprehendida es si se le acusa de algún delito grave, pues para esos supuestos no opera la suspensión concedida por el juez de amparo.
"Para que la quejosa no sea privada de su libertad personal hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, con la precisión de que dicho otorgamiento tendrá ese efecto si el delito materia de la imputación no implica prisión preventiva oficiosa", indicó.
En ese caso, Angulo Castilla quedaría a disposición del juez de amparo por lo que a su libertad personal se refiere y para la continuación del proceso quedará a disposición del juez de la causa.
El juez Séptimo de Distrito señaló que la medida no impide a la PGR ni a la Fiscalía continuar sus investigaciones, simplemente no podrán emitir acuerdo sobre el ejercicio de la acción penal hasta en tanto el juez defina la suspensión definitiva.
"Una vez llevadas a cabo las diligencias correspondientes en la averiguación previa y, de ser procedente no se ejerza acción penal, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva", señaló.
En su demanda de amparo, la madre de Roberto Borge solicitó también la suspensión para que se le permita acceder a tres carpetas de investigación en las que, aseguró, está involucrada.
El juez negó la suspensión para ese efecto porque, al formar parte del acto reclamado y el fondo del asunto, de concederle el acceso se agotaría la materia del juicio.
Angulo Castilla intentó que el Segundo Tribunal Colegiado modificara la suspensión provisional para tener acceso a las carpetas, pero los magistrados federales coincidieron con el criterio del juez.
"Resulta acertado que se haya negado la medida, ya que dada la naturaleza del acto reclamado no es factible concederla para efecto de que se dé acceso a la peticionaria del amparo a las carpetas de investigación o averiguaciones previas, pues de estimar lo contrario, esto es, conceder la medida para que la quejosa se imponga del contenido de las indagatorias se estaría resolviendo respecto de cuestiones que implican materia de estudio del juicio de amparo principal, lo que derivaría en que éste quedara sin materia respecto a dicho acto", señalaron los magistrados.
La PGR ha identificado a María Rosa Yolanda Angulo Castilla como una de las más beneficiadas por la red de lavado de dinero supuestamente liderada por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
De acuerdo con los datos de prueba contra el ex mandatario, Angulo Castilla participó en la compra de dos de los 22 predios rematados por Roberto Borge con los que se generó un fraude por 900 millones 99 mil 418.17 pesos.
Angulo Castilla y Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador, figuran en la estructura de empresas fantasma utilizadas para "legitimar" la compra de los predios cuya plusvalía es alta debido a su privilegiada ubicación en zonas turísticas.
Hace una semana, la delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, embargó 22 predios a nombre de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, en cumplimiento a la orden de un juez de control en la entidad.
La diligencia se ejecutó como parte de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia penal, presentada por la Consejería Jurídica de Quintana Roo, contra el ex gobernador de la entidad por la venta de propiedades del gobierno estatal a sus familiares y prestanombres.
SA