IMCO propone políticas públicas para la problemática hidráulica
El IMCO desarrolló una agenda mínima para abordar los principales desafíos que enfrenta México en el tema del agua
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la problemática hidráulica que enfrentamos debe considerarse como prioridad para los próximos gobiernos del país, debido a que es una amenaza para los ciudadanos, ya que al cierre de mes de febrero el 69% de la población mexicana padeció algún tipo de sequía.
El IMCO, ante la situación señaló que corregir el rumbo en materia hídrica será uno de los principales retos que enfrentarán las administraciones que resulten elegidas en junio.
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Debido a su relevancia tanto para el desarrollo economico como para el ambiental y el social, el IMCO desarrolló una agenda mínima para abordar los principales desafíos que enfrenta México en el tema del agua.
Al ser un ámbito donde la gestión de los distintos niveles de gobierno se fragmentan, las propuestas se dividen entre aquellas que competen directamente a la Federación (tanto al poder ejecutivo como legislativo), como a las entidades federativas y a los municipios.
Las propuestas para la Federación buscan mejorar el uso del agua principalmente el sector agropecuario con el fin de garantizar una gestión más eficiente por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Con respecto a las propuestas a estados y municipios, el IMCO busca que la disponibilidad del agua sea más equitativa para asegurar la repartición en todas las entidades, además de fortalecer y mejorar su infraestructura.
De acuerdo con el IMCO mejorar la gestión del agua requiere una agenda que involucre a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores agropecuarios e industriales, la academia y las organizaciones no gubernamentales.
Situación del agua en México
México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías en esta región del país.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), registró 8 mil 491 sequías en 2021, de las cuales 71% fueron severas (aquellas con riesgo de pérdidas de cultivos), 26% fueron extremas (con pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales) y 3% fueron sequías excepcionales (aquellas con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos).
Propuestas del IMCO en materia de políticas públicas
El Estado mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país. México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. Algunas de las recomendaciones que el IMCO detalla en materia de política pública para atender la problemática del agua tanto a nivel federal como estatal y municipal son:
Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones), con el objetivo de contar con datos e indicadores que permitan una gestión más eficiente del agua en el país.
Desarrollar proyectos climáticos en el sector ganadero y agricultor, a través, por ejemplo, de la compra y venta de bonos de carbono o bien financiamientos climáticos como el Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés). Es fundamental desarrollar infraestructura para la gestión del agua.
Evaluar y actualizar la delimitación de los acuíferos en que se encuentra dividido el país con criterios geofísicos en vez de geopolíticos.
Ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea.
Fortalecer la planificación estatal del agua de modo que la recaudación tarifaria sea equitativa con el gasto, en coordinación con la Conagua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Invertir en modernización y conservación de infraestructura. México necesita mejorar su infraestructura hídrica para una gestión más eficiente, principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas.
Fortalecer a los municipios para mejorar los sistemas de cobro y de monitoreo por parte de los estados y la Federación.
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