El último muro
La Corte desperdició la oportunidad perfecta para defender su autonomía frente al Presidente y su proyecto político
Seis de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hicieron el ridículo.
Pero no sólo eso. Esta exigua mayoría destruyó la credibilidad del máximo tribunal como contrapeso y límite para evitar el abuso del poder presidencial. Arturo Zaldívar, quien fuera un encomiable defensor de los derechos humanos y las libertades, abrió la puerta al despropósito: permitir que se realice una consulta que no consulta nada y que sólo faculta al Poder Ejecutivo para obtener raja política de una cuestión que debería quedar en el ámbito de la justicia. El Presidente ya tiene su campaña amparada por la Corte: ¡meta usted a la cárcel a los expresidentes! (aunque la pregunta no tenga nada que ver con eso). López Obrador sabe que llegará a la elección intermedia sin resultados, con un país en crisis, y sólo podría retener la mayoría absoluta si agita los sentimientos de hastío de tantos mexicanos que quieren justicia luego de décadas de impunidad. La decisión de la Corte supone que cayó el último muro. México está frente a una cooptación muy preocupante de las instituciones públicas. ¿Qué impide que López Obrador haga lo que se le dé la gana?
La postura de los ministros, que avalaron la pseudo-consulta -y lo digo así porque la pregunta no supone debate alguno-, es tramposa y peligrosa. Tramposa porque dichos letrados tratan de desvincular la pregunta propuesta por el Presidente del instrumento mismo de la consulta. Como si una (la consulta) no dependiera de la otra (la pregunta). Y peligrosa, porque esa desvinculación es el camino para preguntar y consultar por cualquier derecho humano y que una mayoría decida si debemos o no gozar de garantías y libertades. Es decir, consideran que es fundamental hacer una lectura “expansiva” del derecho humano a la participación pública para obviar que la cuestión a consultar es inconstitucional. Para dejarlo en claro. Lo que argumentaron ministros como Ríos Fajart, Zaldívar Lelo de Larrea, Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara, Pérez Dayán o Esquivel Mossa es que si alguien propone un plebiscito, consulta o referéndum, y la interrogante contiene elementos que atentan contra el marco constitucional, los derechos humanos o los tratados internacionales que México ha firmado, lo que debe hacer la Corte es afinar la pregunta, cambiar la redacción y que la consulta se lleva a cabo. Los señores ministros olvidaron una máxima ineludible: “los derechos no se consultan, se garantizan”, como bien lo señaló en su brillante intervención Javier Laynez.
Pongamos algunos casos hipotéticos para entender como los ministros retorcieron la argumentación para satisfacer a López Obrador. Por ejemplo, propuesta de pregunta: ¿está usted de acuerdo en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pueda reelegir? Y estos seis ministros dirían: la pregunta es inconstitucional (porque nuestra Carta Magna prohíbe la reelección del Jefe del Ejecutivo Federal), pero hay que hacer una lectura expansiva del derecho a la consulta, entonces se podría preguntar: ¿Está usted de acuerdo, que en consonancia con el marco constitucional y sin violar ley alguna, los actores políticos correspondientes impulsen reformas que permitan que los proyectos presidenciales no sean de corto plazo y puedan dar seguimiento puntual a las políticas públicas que se han estado impulsando? Qué más da, no es vinculante. Qué se pregunte lo que sea.
U otra. ¿Está de acuerdo con la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que el Ejecutivo pueda nombrar un tribunal constitucional que sí goce de legitimidad popular? La Corte diría: señor Presidente, eso no se puede preguntar porque es inconstitucional. Sin embargo, haciendo una lectura expansiva del derecho humano a ser consultado en una democracia semi-directa (como la calificaron los ministros): ¿está usted de acuerdo que los actores políticos incumbidos comiencen un proceso de renovación estructural del estado mexicano, permitiendo que la Corte sea menos onerosa, con menos privilegios, que responda al pueblo y que sus integrantes sean nombrados luego de un debate social que esté apegado al estado de derecho y a la legalidad constitucional? Total, el chiste es garantizar la consulta, los efectos de dicha consulta ya se verán en un segundo momento. Parece broma, pero la puerta que abrió la Corte nos pone en riesgo a todas y a todos.
La decisión de la Corte supone un mensaje inequívoco: López Obrador puede hacer cualquier ocurrencia y siempre habrá una mayoría de ministros que estén dispuestos a caer en la indignidad con tal de evitar el naufragio de las propuestas presidenciales. Detrás de la decisión de la Corte hay un miedo fundado. Los ministros sabían que un no rotundo a la consulta supondría una guerra discursiva del Presidente contra la Corte. Y en lugar de aceptar que las decisiones valientes acarrean confrontaciones con el poder, seis de los 11 ministros prefirieron pasar a la historia como arquitectos de uno de los mayores despropósitos constitucionales. El proyecto de Luis María Aguilar no dejaba espacio a dudas: la Consulta es un atentado contra aquello que sostiene la Constitución: la justicia, la rendición de cuentas, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el estado de derecho, la presunción de inocencia son derechos inalienables. Es difícil encontrar tantas aberraciones en una sola propuesta.
El ministro Zaldívar fue muy valiente en el pasado. Mi admiración al proyecto que encabezó para denunciar el montaje del estado mexicano en torno al caso de Florence Cassez. A pesar de la presión ejercida por Felipe Calderón en este caso, Zaldívar nunca claudicó. El efecto corruptor es uno de los conceptos más ilustrativos para entender porque la presunción de inocencia es la base del estado de derecho. Zaldívar se traicionó a sí mismo con esta última resolución. Su cara lo decía todo: sabía que había transgredido los límites éticos. Del resto de magistrados que votaron a favor de la consulta y en contra del proyecto de Aguilar, realmente no esperó mucho. Casi todos son alfiles del Gobierno Federal en el Máximo Tribunal. Sin embargo, nunca pensé que Zaldívar pisoteara su trayectoria y sumiera a la Corte, siendo él presidente, en una de las crisis más importantes desde que tenemos división de poderes en México.
López Obrador ganó la partida. La democracia mexicana perdió. Habrá una consulta, posiblemente en agosto, en donde no se preguntará nada. No habrá ninguna consecuencia vinculante, por una sencilla razón: la pregunta es un monumento a la vacuidad. Léala usted: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El debate se llevó cualquier alusión a los expresidentes, sus nombres y los juicios. La consulta costará miles de millones de pesos y no hay nada en juego. Si gana el sí, no pasa nada. Si gana el no, no pasa nada. Un monumento a la simulación.
Sin embargo, el costo no es lo más importante. Tampoco lo es que buena parte de la argumentación de los ministros se fincaba en la idea de que no era una consulta vinculante (de obligado cumplimiento). Lo realmente preocupante es que el Presidente dobló a una mayoría de ministros de la Corte. Lo más preocupante es que, como lo dijo Zaldívar, los ministros entienden que el análisis que deben hacer de consultas como la que propone López Obrador debe ser “político”, no jurídico.
Lo preocupante es que cuando se derriba el muro de la Corte, del tribunal encargado de defendernos frente a los abusos del poder y las mayorías, ya no queda nada. Frente a la claudicación del Poder Judicial, la concentración de poder y el autoritarismo puede caminar a sus anchas.
JL