El SNT respalda acción de inconstitucionalidad contra padrón de telefonía
El Sistema Nacional de Transparencia afirma que la decisión unánime del Inai aportará mayor certidumbre ante la posible vulneración de su información sensible
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT), que agrupa a los 32 órganos garantes de todas las entidades del país, respaldó la decisión del Inai de interponer una acción de inconstitucionalidad contra de la creación el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Durante la primera sesión ordinaria del año del Consejo Nacional del SNT, el coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, Christian Velasco Milanés destacó que la decisión unánime del Pleno del Inai aportará mayor certidumbre ante la posible vulneración de su información sensible.
"Es una muestra de la importancia de que el Estado mexicano cuenta con instituciones sólidas que, en el ejercicio de sus facultades, le aporten mayor certidumbre a la ciudadanía al percibir posibles excesos y riesgos de vulneración a un derecho fundamental, dijo.
Por medio de un comunicado, el Inai informó que el también comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Colima hizo un reconocimiento a los comisionados del órgano nacional por esa decisión "tan relevante" para la sociedad, en la que se hace patente la importancia de contar con contrapesos como lo es el Inai".
El pasado martes, el pleno del Inai aprobó interponer ante la SCJN acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en vigor desde el 16 de abril, que crea el PANAUT.
Los siete comisionados advirtieron que las reformas, que contemplan la creación del Padrón con datos biométricos, causan afectaciones a los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos personales, además de ser "excesiva".
Coincidieron en que la entrega de datos personales de parte de los usuarios de telefonía móvil no garantiza la disminución de la incidencia delictiva, por lo que es una ley "regresiva entre derechos codependientes".
GC