El INEGI ajusta proyectos, prestaciones y salarios por recortes
Julio Santaella Castell no descartó la posibilidad de presentar una controversia constitucional ante la SCJN por el ajuste presupuestal
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se vio obligado a hacer ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal debido al recorte que registró en su presupuesto para 2019, informó su presidente, Julio Santaella Castell.
En reunión con representantes de medios de comunicación, el funcionario no descartó la posibilidad de que el organismo autónomo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante este este ajuste presupuestal y salarial; "nos reservamos el derecho a hacerlo".
Detalló que la Cámara de Diputados aprobó un recorte para el INEGI de 500 millones de pesos, con lo cual quedó con un presupuesto de 12 mil 129 millones para este año, con lo cual le obligará a cancelar o suspender una decena proyectos y hacer ajustes en los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.
Informó que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del INEGI se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.
Con estas medidas, expuso, ahora la curva salarial de los 15 mil 950 empleados del organismo va de los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales, sobre lo cual opinó que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar, desarrollar, retener y hacer crecer al personal.
"Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes", argumentó Santaella Castell.
Para lograr un verdadero servicio civil de carrera, dijo, los servidores públicos tienen que ser evaluados a lo largo de 15 o 20 años, de lo contrario habrá una alta rotación y solo quedarán funcionarios sin las mejores competencias, "el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción".
El funcionario señaló que del presupuesto por 12 mil 129 millones de pesos del INEGI para este año, su Junta de Gobierno decidió asignar cinco mil 447.7 millones a los Censos Económicos 2019 (dos mil 634.6 millones de pesos) y al Censo de Población y Vivienda 2020 (dos mil 813.1 millones de pesos), pero canceló el levantamiento del Censo Agropecuario.
JM