Diputados quitan fuero... hasta al Presidente

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y por la vía rápida las reformas para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República.

Las reformas derogan la disposición de que el Presidente en funciones sólo pueda ser acusado de traición a la patria o por delitos de fuero común, y establecen que podrá ser sujeto de juicio político.

Respecto a este punto, la modificación establece que “podrán ser sujetos de juicio político, el Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho...”.

Además, el fiscal general de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario del Instituto Nacional Electoral (INE), los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ente otros.

Para ello, se elimina el proceso de desafuero, procedimiento que estaba en manos de la propia Cámara de Diputados.

Además, nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria.

El dictamen, que modifica los artículos 17,61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, sumó 370 votos a favor, con lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para la modificación constitucional.

El candidato presidencial José Antonio Meade aplaudió la aprobación de la iniciativa que elimina el fuero a los funcionarios públicos y señaló que es una muestra de que se puede trabajar en unidad y para acabar, de una vez por todas, con la corrupción.

En tanto, el también candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la medida “está bien, no debe de haber fuero ni privilegios. Y si no lo eliminan ellos, lo vamos a eliminar nosotros”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza, destacó por su parte que fue Ricardo Anaya quien presentó la propuesta a nombre de Acción Nacional.

Las modificaciones constitucionales se enviaron al Senado para su análisis. En caso de que el Senado las avale sin cambios, se turnará a los congresos estatales, ya que por tratarse de una reforma constitucional se requiere de la aprobación de la mayoría de estas legislaturas.

Al eliminar fuero se debe dar protección legislativa: CIDE

La eliminación del fuero a funcionarios debe tener como fin el devolver la protección original que tenían de desempeñar con libertad de expresión su cargo y no la de la inmunidad procesal en la que se convirtió esta figura, expone el documento “El fuero en México: entre la inmunidad y la impunidad”, elaborado en junio de 2017 por el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE).

El texto refiere que el fuero nace de la necesidad de garantizar la libertad de expresión a los integrantes de un órgano legislativo y tiene dos tipos: la inmunidad acotada, que sólo protege la libertad de los parlamentarios para hablar y votar en el Congreso sin preocuparse por cargos criminales o demandas por lo que dicen o hacen en el recinto o en sus funciones.

Y la inmunidad amplia, la que genera la controversia, pues protege a los funcionarios por acusaciones por delitos y sólo puede ser retirada mediante votación.

“Los dos tipos de protección parlamentaria no fueron diseñados como privilegios, sino como una protección (...) a la labor legislativa”.

En México esta inmunidad, conocida como fuero, se ha convertido en un sinónimo de impunidad y eso es lo que se busca eliminar, establece el documento.

La inmunidad acotada es protegida por el Artículo 61 de la Constitución que manifiesta que las opiniones de los legisladores en el desempeño de sus cargos son inviolables. Y la inmunidad procesal es señalada en el Artículo 111, uno de los que se buscan reformar.

Éste da inmunidad por delitos cometidos a diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura y demás, por la comisión de delitos durante su encargo.

• Recuperar el sentido original del fuero como una protección al cargo y no a la persona. En caso de señalar a un funcionario y que haya sentencia, la Cámara de Diputados determinará si la prisión será inmediata o al concluir el cargo.
• Identificar con claridad aquellos cargos que, por su naturaleza, enfrentan un riesgo real de ser vulnerados por razones políticas y retirar la protección a los que no cumplan con dichos criterios.
• Revisar la protección a funcionarios estatales por delitos federales.

Sólo seis casos registrados

Desde 1917 a la fecha, solo han existido seis juicios de procedencia formales para la eliminación del fuero a funcionarios federales, cuatro de los cuales ocurrieron en los últimos 17 años, después de ocurrida la alternancia política presidencial, recordó el Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE) en un estudio. Y de los seis, en uno se comprobó la inocencia del señalado que pudo regresar a su cargo.

“La reducida tasa de juicios de procedencia de los últimos años sólo puede indicar una de dos cosas: o los altos funcionarios públicos protegidos bajo el Artículo 111 son intachables; o la impunidad que priva en el resto del país permea en las altas esferas de la política”.

Jalisco es pionero en eliminación de fuero

El Centro de Estudios y Docencia Económica (CIDE) menciona en su estudio que Jalisco fue la primera Entidad federativa en México en eliminar la inmunidad procesal de su Constitución local, el cual exhibió entre los argumentos del dictamen de decreto cómo se perdió el sentido original del fuero.

En la presente Constitución se han propuesto al menos tres iniciativas al Congreso de la Unión para eliminar el fuero a nivel federal, la presentada en 2007 por el senador del PRD Pablo Gómez, en 2007; una de febrero de 2016 del Partido Encuentro Social; y una más de Movimiento Ciudadano en julio de ese mismo año.

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero para funcionarios, incluido del Presidente.