López Obrador evita decir si Garduño seguirá en el INM; "va a esperar" investigación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles que "va a esperar" antes de tomar decisiones sobre la investigación penal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por el incendio que mató a 40 migrantes en Ciudad Juárez.

"Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento"

El Mandatario evadió responder este miércoles en su rueda de prensa matutina si Garduño permanecerá en el cargo pese a la investigación que la FGR abrió el martes contra el titular del INM, que estaba a cargo de la estación en la que murieron los migrantes el 27 de marzo.

"Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación, y vamos a tomar las decisiones en su momento", argumentó López Obrador.

Sus declaraciones se producen después de que la FGR anunció que "procederá penalmente" en contra del director del INM por el incendio.

La FGR acusó a Garduño y a otro alto funcionario del INM "incurrir en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes".

"En efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez, no sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados", comentó López Obrador.

"Hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia", añadió el Mandatario.

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El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México ha crecido tras la muerte de los 40 migrantes, incluyendo seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

El Gobierno de El Salvador ha sido el más crítico, al calificar el hecho de un "crimen de Estado" y exigir la remoción de los titulares de la política migratoria de México.

JM