Atatlahuca: se huye para salvar la vida

La niebla comienza a descender de las colinas hasta cubrir el rostro de las mujeres que se refugian a las afueras de la cocina comunitaria de Mier y Terán, uno de los pueblos de San Esteban Atatlahuca que han sufrido ataques armados en los últimos días. Con la densa bruma, también llega el miedo: “Con esta niebla, no nos daremos cuenta de dónde vendrán las balas, si nos atacan”, dice una de ellas.

Varias personas se concentran en la agencia municipal para cocinar un puerco que resultó herido por una bala en Guerrero Grande, otra de las comunidades golpeadas por la violencia. “No aguantó y murió, así que lo cocinamos para alimentarnos”, afirma una de las mujeres.

Al haberse cumplido más de una semana de los ataques armados que obligaron a ciertos de pobladores a abandonar sus hogares, decenas de niños, mujeres y personas de la tercera edad permanecen en un campamento improvisado en la comunidad de Mier y Terán.

Las personas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji se desplazaron hasta este punto; sin embargo, afirman que no es seguro. Otro tanto de los desplazados se fueron a un campamento en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxiaco, mientras que varias familias de Mier y Terán también salieron de sus casas, porque se encuentran cerca de las otras dos comunidades de donde venían las balas.

Una madre de 27 años, junto con cinco mujeres y sus hijos, llegaron el sábado por la tarde a resguardarse en la agencia de Mier y Terán. Apenas lograron escapar, cuando hombres armados quemaron sus casas.

“Como pudimos, salimos de la casa a eso de las 11:00 de la noche del viernes. Llegamos a unas cuevas, mis hijos lloraban porque no traíamos comida. Apenas alcanzamos a tomar unas cosas. A eso de las 5:00 de la madrugada retomamos el camino y llegamos a la casa de un abuelito; todo el tiempo se escuchaban las detonaciones. Cuando se dieron cuenta (de) dónde estábamos, comenzaron a dispararnos, hasta que nos subimos a una camioneta que nos trajo acá”, recuerda.

La joven madre dice que escapó de tres balas que le pasaron cerca de la cabeza. Aunque la mujer tiene borregos y un puerco en Ndoyonuyuji prefiere no volver. “Mis hijos lloran mucho y no quieren regresar, tienen mucho miedo”, platica.

Como esta joven de 27 años, familias de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji perdieron todos sus bienes cuando quemaron sus casas y por eso ahora se quedan en el campamento; otros recurrieron a familiares en Mier y Terán, de otras localidades e inclusive algunos se fueron a Tlaxiaco o dejaron Oaxaca.

Sin censo ni ley

Según las autoridades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, son cerca de 400 las personas que han resultado desplazadas por el conflicto actual que se gesta en el municipio de San Esteban Atatlahuca, el cual comenzó a escalar desde 2019.

Esta cifra se refuerza con las estimaciones del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), que indica que son más de 300 los afectados. Debido a que el conflicto es reciente, el gobierno de Oaxaca informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), realiza actualmente un censo de las familias desplazadas de las tres comunidades.

En las instalaciones del INPI, en Tlaxiaco, la mayoría de los refugiados son niños y mujeres, quienes para cocinar sus alimentos improvisaron un espacio afuera del auditorio.

No cuentan con sillas ni con mesas, así que se acomodan en donde pueden para comer.

Para descansar, las familias permanecen sobre colchonetas que fueron donadas y, otras, facilitadas a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego).

Una vecina del paraje Xinitoo, en Mier y Terán, narra que huyó del lugar junto con su esposo, hijas, nueras y nietos la tarde del sábado 23 de octubre. Tiene 50 años, se escucha indignada y con mucho coraje. Relata que vio quemarse las casas de sus familiares en Ndoyonuyuji.

“Estaba trabajando en mi milpa cuando comenzaron los balazos. Al calmarse un poco, subí a mi casa, luego a la de mi prima. Desde ahí vi cómo incendiaban la [vivienda] de mi sobrino y, luego, otras. El incendio duró toda la noche, del jueves al viernes.

“Cuando amaneció, seguían quemándose las casas. A eso de las 6:00 de la mañana comenzaron las detonaciones. Ya el sábado me moví a otro lugar, pero las balas continuaron, así que mis compañeros consiguieron cómo movernos”, relata.

“El sábado a las 6:00 de la tarde, agarré lo que pude y salí con mi familia hacia Terán, llegamos a eso de las 9:00 de la noche”, agrega.

Esta mujer de 50 años rememora que, al llegar a Mier y Terán, sus compañeros estaban con mucho miedo y le decían: “Ya vienen cercando y aquí van a entrar también, ustedes que son mujeres mejor muévanse a otro lugar”, indica.

Los desplazados

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hasta 2019 sumaban al menos 346 mil 945 personas desplazadas en el país; 8 mil 664 sólo en ese año, periodo en el que Oaxaca acumuló mil 71, sólo por debajo de Guerrero. Por ello, se considera como una de las entidades donde se registran más víctimas de desplazamiento forzado, que se define como “personas que se han visto obligadas a huir de su hogar como resultado o por efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, o de violaciones de los derechos humanos”.

Pese a las cifras de la CMDPDH y del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en México no ha sido aprobada la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

El 29 de septiembre de 2020 fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide esta ley; sin embargo, a la fecha, la Cámara Alta aún no la ha aprobado.

La niñez, la más afectada

En medio de la violencia, los niños son los más afectados de Atatlahuca. Los profesores de todas las escuelas de Mier y Terán hablaron con las autoridades para cancelar las clases mientras que el conflicto todavía continúe.

“Me hablaron los maestros que, por su integridad, no podrán asistir a impartir las clases mientras las comunidades sean inseguras”, indica el agente municipal Pastor Sandoval.

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