Acciones en materia de desaparición anunciadas por presidencia son un avance, pero falta la acción: especialistas
Especialistas y familias consideran que las acciones anunciadas por la Presidenta Sheinbaum son un avance en el reconocimiento de la grave situación en México, que estuvo desatendida durante años
Para especialistas y familias que buscan las acciones anunciadas este lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum son un avance en el reconocimiento de la grave situación en México, que por años fue desatendida, pero ahora, señalaron, habrá que dar seguimiento puntual para que no solo quede en palabras.
Por ejemplo, Teresa Magnolia Preciado, académica e integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, consideró que estos cambios podrían representar un avance "y una muestra de buena fe del gobierno federal hacia las familias de las víctimas", aunque advirtió que también pueden ser utilizados para el control de la opinión pública nacional e internacional ante la crisis de la aparición del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Afirmó que, aunque cualquier acción que contribuya a la prevención de las desapariciones es positiva, pero mientras estas continúen ocurriendo, no se podrá hablar de una solución real. "Hay que dar certeza a las familias. Pero los restos, como la claridad en este caso que tenemos en Teuchitlán, requieren mucho más. No podemos conformarnos con respuestas parciales", indicó Teresa Magnolia.
Asimismo, resaltó que muchas de las medidas propuestas ya estaban contempladas en la Ley, pero no se habían cumplido, por lo que la prioridad debería ser dar respuestas concretas a las familias de las víctimas, asegurando la identificación de restos y el esclarecimiento de los hechos.
La académica también señaló la falta de estrategias para atender los problemas estructurales que favorecen las desapariciones, como la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes, y que según lo documentado, llevó a muchos de los jóvenes a caer en manos del crimen organizado, llevándolos al campo de adiestramiento que hoy está en la mira internacional.
En este sentido, criticó que la discusión se haya centrado exclusivamente en el narcotráfico, sin abordar la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia.
Preciado subrayó que es fundamental capacitar a los operadores de justicia, tanto en fiscalías como en tribunales, para mejorar la investigación, sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos. Además, llamó a una nueva interpretación de la ley que permita evitar la liberación de criminales por tecnicismos legales.
Finalmente, cuestionó la falta de reconocimiento de la crisis humanitaria que enfrenta México y enfatizó que la construcción de una verdadera cultura de paz debe basarse en la garantía de la verdad, la reparación del daño y la no repetición de estos crímenes.
Anna Kaolina Chimiak, co-coordinadora del CEPAD, coincidió en que estos avances no deben quedarse en palabras, sino que deben ir acompañados de acciones concretas y evaluables.
"Si bien el caso de Teuchitlán parece constituir un generador de cambios importantes a nivel institucional, se requiere analizar a fondo las medidas anunciadas y sus implicaciones", señaló Chimiak. La especialista subrayó la importancia de revisar el marco jurídico existente y de generar procesos de participación con las familias de las víctimas, quienes deben ser consultadas en las reformas anunciadas. "Las medidas anunciadas sólo serán eficaces si se incluye a las familias en la construcción de políticas públicas y en el monitoreo de las acciones implementadas", añadió.
Chimiak también insistió en la necesidad de actuar en la prevención. "Es urgente que se desarrollen políticas públicas integrales que aborden las causas profundas de las desapariciones. La lucha contra la impunidad es esencial, pero también deben existir programas eficaces en la prevención del delito", destacó. En este sentido, alertó sobre los riesgos de una respuesta institucional que, aunque reaccione a la presión social generada por casos como el de Teuchitlán, no logre implementar reformas efectivas que prevengan futuras tragedias.
Además, la co-coordinadora del CEPAD destacó la relevancia de la autonomía en las investigaciones. "Las investigaciones deben ser autónomas, libres de presiones internas o externas", dijo, haciendo referencia a la necesidad de fortalecer tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Sin embargo, también advirtió que la asignación de cargos clave en estas instituciones debe estar basada en el perfil adecuado, la experiencia y el respaldo de las víctimas. "Si la titular de la Comisión de Búsqueda no cuenta con el respaldo de las familias ni con la legitimidad necesaria, las medidas anunciadas carecerán de efectividad", afirmó.
Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de actualización y mantenimiento de la base de datos nacional sobre personas desaparecidas. Según Chimiak, el caso de Jalisco, donde la actualización no se realiza desde marzo de 2022, es un claro ejemplo de la falta de diligencia. "Es fundamental garantizar la actualización en tiempo real de estas bases de datos y asegurar su credibilidad", comentó.
La lucha contra la desaparición de personas requiere, como lo afirmó Chimiak, un compromiso real y sostenido por parte de las autoridades, donde no solo se trate de responder ante la presión social, sino de implementar reformas estructurales que realmente logren justicia para las víctimas. "Es necesario que estas medidas no sean solo una narrativa para calmar a la sociedad, sino que se traduzcan en cambios tangibles", concluyó.
Así, mientras que las medidas anunciadas son un paso positivo, el verdadero reto será llevarlas a cabo de manera efectiva, garantizar la participación de las víctimas y, sobre todo, medir sus impactos reales en la erradicación de esta grave violación a los derechos humanos.
Por último Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, señaló que el anuncio de fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda es una buena señal, pero insuficiente si no hay cambios reales en su operación. "Desde la salida de Karla Quintana, la Comisión se ha debilitado y el trabajo se ha vuelto terrible. No basta con reforzarla, es necesario transformarla", sostuvo.
Flores criticó la falta de empatía de los directivos que han encabezado las instancias de búsqueda. "Se han limitado a la voluntad política sin dar resultados. Falta sensibilidad, falta compromiso real con las familias", dijo.
Sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional Forense, mencionó que podrían ser avances importantes si se implementaran de manera efectiva. "Si realmente funcionaran, podrían homologar y centralizar la información de los distintos servicios forenses del país. Pero hasta ahora, son solo promesas sin cumplimiento."
El activista también alertó sobre el uso político del discurso oficial. "Las intenciones pueden ser buenas, pero si no se traducen en acción, no sirven. Las familias seguimos esperando respuestas concretas, no declaraciones aisladas que solo buscan calmar la crítica pública."
Finalmente, Flores enfatizó que, sin la participación de los colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas, cualquier medida será insuficiente. "No se puede seguir ocultando la verdad ni manipulando la información. Necesitamos garantías reales de que lo que se está anunciando se va a cumplir. De lo contrario, la crisis seguirá profundizándose."
MF