Empresas reanudan el reparto de productos en Acapulco
Autoridades implementan operativo para “generar condiciones para la continuidad de las actividades económicas”; muchos de los camiones con bebidas fueron escoltados por patrullas de la Policía Estatal
Las empresas Coca-Cola, Pepsi, Corona, Fud y Bonafont reanudaron el reparto de sus productos en Acapulco, pero con vigilancia policiaca.
Ayer, los vehículos repartidores de estas empresas volvieron a salir a distribuir sus productos. Muchos de estos camiones fueron escoltados por patrullas de la Policía Estatal.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, ayer policías estatales, soldados de la Guardia Nacional, del Ejército y personal de la Fiscalía General del Estado implementaron una operación para “generar condiciones para la continuidad de las actividades económicas”.
“La Policía Estatal y la Guardia Nacional trabajan de manera coordinada con la ciudadanía, involucrando a empresarios, comerciantes y sectores productivos locales, mediante la aplicación de protocolos de seguridad, comunicación y acompañamiento para prevenir incidentes, fortalecer la tranquilidad de la ciudadanía y garantizar el funcionamiento eficiente de las actividades comerciales”.
La suspensión del servicio ocurrió tras el ataque a tres repartidores, donde murieron dos y uno resultó herido.
La tarde del jueves, en menos de una hora -de las 17:00 a las 18:00 horas-, fueron atacados tres choferes de camiones repartidores; dos murieron.
Alrededor de las 17:00 horas, a unos metros de la Costera Miguel Alemán, cerca de la playa Las Hamacas, fue asesinado a balazos un chofer de un camión repartidor de la Corona.
Media hora después, en la colonia Hogar Moderno, fue atacado a tiros el chofer de un camión de la empresa Fud. El empleado quedó herido y fue trasladado a un hospital.
A las 6 de la tarde, en la colonia Vista Alegre, fue asesinado un promotor de la empresa Coca-Cola.
Hace un año, en Acapulco se vivió una situación similar. Choferes del transporte público fueron atacados por hombres armados. Algunos fueron asesinados y a otros les quitaban sus unidades y las quemaban.
Las agresiones eran parte del hostigamiento que empleaban las organizaciones criminales para exigir el pago de la extorsión.
El servicio del transporte público estuvo suspendido durante unos 15 días, hasta que los choferes consideraron que se sentían seguros. En esos días, a través de patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, se ofreció el servicio a trabajadores y estudiantes que requerían llegar a sus centros de trabajo y escuelas.