Coparmex y CCIJ rechazan propuesta de AMLO de terminar contratos de forma anticipada
El proyecto prevé modificar 23 leyes, a fin de que el gobierno ya no pague indemnizaciones cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó la iniciativa enviada al Congreso de la Unión mediante la cual se concluyen los contratos de obra pública de manera anticipada, sin necesidad de pagar las indemnizaciones correspondientes.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, explicó que esto genera incertidumbre porque en todo contrato tiene que haber una penalización si alguna de las dos partes incumple.
“El hecho de que el gobierno pretenda unilateralmente cancelar contratos que hayan sido licitados, que hayan sido de alguna manera firmados y no resarcir la pena genera incertidumbre y desde luego que muchas empresas preferirán ya no ser proveedores del gobierno”, dijo José Medina Mora.
Comentó que si para cualquier ciudadano es obligatorio respetar las condiciones de los contratos también debería ser para el gobierno porque es importante que el gobierno cumpla la ley.
Añadió que en todos los casos se debe aplicar la Ley y que se respeten las condiciones de los contratos.
“De alguna manera el que no haya una indemnización derivada de que una parte, en este caso el gobierno, que unilateralmente decida cancelar es un incumplimiento a la ley”, agregó.
El Ejecutivo presentó hace unos días a la Cámara de Diputados la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.
El proyecto prevé modificar 23 leyes, a fin de que el gobierno ya no pague indemnizaciones cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.
También pretende que sus proyectos prioritarios arranquen sin los permisos ni justificaciones legales a los que se encuentra obligado como los estudios de impacto ambiental.
Medina Mora también se pronunció porque se hagan estudios de impacto ambiental que se está considerando eliminar en la nueva propuesta.
“Es fundamental para cualquier obra que haya estudios de impacto ambiental para cualquier obra público o privada y que simplemente se justifique por temas de seguridad tendrá un costo para todos en el corto y mediano plazo”, sentenció.
Dijo que Coparmex pide que se respete la Ley, “queremos un estado de derecho donde si para un privado en un proyecto es necesario un estudio de impacto ambiental también debería ser obligatorio para el gobierno”.
El CCIJ también se dice en contra
César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), también rechazo la propuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador ya que dijo afectará la inversión privada.
“Realmente esto está fuera de lugar completamente, queremos que se respete la ley porque eso también va a afectar la inversión extranjera, eso no puede ser, estamos perdiendo la legalidad”, mencionó.
César Castro también cuestionó que el gobierno federal pretenda realizar obras sin realizar proyectos de impacto ambiental.
“Eso no puede ser, es lo que está pasando ahorita con el Tren Maya, están acabando con la flora y la fauna, eso está mal, se están saliendo de la realidad, deben ubicarse y pensar lo que es realmente”, concluyó.
El paquete de reformas entregado el 23 de marzo pasado elimina estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del gobierno.
Las claves
De acuerdo con el paquete de reformas, “salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales”.
Para los casos en los que sea inevitable el pago de la indemnización, señala el proyecto, se ponen límites para impedir “reclamaciones fraudulentas (sic) o desproporcionadas (sic) en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras”, señala la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Con lo que sería la reformada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de “notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales”, se dispensan los permisos legales correspondientes.
“Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra”.